Luis Almagro, secretario general de la OEA, aceptó la invitación que le hiciera el canciller de Bolivia, Diego Pary, para realizar una auditoría    a los comicios generales del pasado 20 de octubre.

El lunes 21 de octubre, la OEA expresó “su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Estas declaraciones provocaron  otras expresiones de preocupación de organismos internacionales, personalidades y presidentes de diversos países respecto a la situación del país.

Al aceptar la invitación, Almagro indicó que el trabajo lo realizará la Misión de Observación Electoral (MOE), a partir de un análisis integral, que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Asimismo, manifestó  que con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad al ejercicio propuesto “las conclusiones del mismo han de ser de carácter vinculante para las partes actuantes en el proceso”. 

Ayer, la MOE –que estuvo presente antes, durante y después del proceso electoral en el país– recomendó que la mejor opción para destrabar la crisis política sería convocar a una segunda vuelta de las elecciones generales, aun si la diferencia entre Morales y Mesa es superior a 10 puntos.  También indicó que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad, algo que la misión pudo constatar que no se cumplió  a lo largo del proceso electoral.

Esta auditoría ha generado un serie de reacciones. Primero, por el controvertido papel que ha jugado Almagro en la región y puntualmente en relación con  Evo Morales y el MAS. Recordemos que el Secretario de la OEA primero rechazó y luego validó la candidatura de Evo Morales (estuvo presente en el inicio de su campaña electoral en Chimoré) y fue duramente criticado por su respaldo público a  la reelección indefinida de Morales, bajo el argumento de que impedirla sería un acto de discriminación.

 Con todo, ante la crisis política y social que se vive en el país, esta auditoría podría ser saludable para despejar muchas dudas sobre el proceso electoral, pero debería incluir no sólo la etapa de cómputo de votos sino todo el proceso electoral.

Se habla de indicios de fraude, no sólo en el recuento sino en el inicio del proceso electoral, por ello, el trabajo fiscalizador de la OEA debiera responder también estos cuestionamientos: ¿Por qué se nombraron vocales del TSE vinculados al MAS en lugar de nombrar personajes independientes?; ¿por qué se realizaron elecciones primarias, cuando ninguno de los partidos políticos presentó más de un candidato?; ¿cómo es que Evo se declaró ganador de las elecciones a pocas horas de que dos conteos rápidos publicaran resultados, que señalaban una segunda vuelta y de que el conteo oficial parcial del TREP lo corroboraba?; ¿quién ordenó la detención del TREP y por qué?; ¿por qué se gastaron varios millones en registrar votantes en países con votantes afines a Evo, como Argentina, y no en otros países, como EEUU, donde reside una gran cantidad de bolivianos expatriados?; ¿por qué se permitió el uso de recursos del Estado para la campaña de Evo?; ¿por qué se permitió la emisión de publicidad política a favor de Evo durante el periodo de silencio electoral?; ¿por qué el TSE no resolvió decenas de denuncias documentadas por violación de varios artículos de la ley electoral y su reglamento de parte de la campaña de Evo?; ¿por qué se prohibió la difusión de la encuesta y el Conteo Rápido de Jubileo?; ¿por qué no se sancionó a responsables de haber inscrito a votantes irregulares?; ¿por qué se permitió la renuncia de candidatos en contravención a la ley electoral?

Una auditoría externa podría ser la única manera de devolver la confianza de la gente en las elecciones, pero para lograrlo debe considerar todo el contexto que nos trajo a la situación que hoy vivimos y lamentamos.