En agosto del 2015, tres semanas después de haber conocido la “renovación” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), escribí una columna apoyando a los flamantes vocales. Critiqué a los que decían que “el vocal Mamani había hecho campaña por el MAS”, que “Exeni era asesor del Vice”, que “Costas siempre fue del MAS”, o que “esta es la nueva banda de los siete con más experiencia”. Sugerí que esa era la oportunidad de los nuevos vocales del TSE para que, de manera inmediata, ejecuten acciones ejemplificadoras y, de esa manera, paulatinamente vayan consiguiendo legitimidad ante la sociedad boliviana.

En esa línea, destaqué  como primera buena señal el nombramiento de Katia Uriona como su presidenta, ya que no había sido cuestionada en el proceso de elección de vocales, además de poseer una vasta experiencia en temas electorales con logros evidentes, tales como haber contribuido a promover la paridad de género en la participación política del país. No obstante, advertí que debían darse señales aún más importantes que convencieran a la ciudadanía  que este TSE era realmente imparcial y caminaba hacia una nueva institucionalidad con eficiencia  y, sobre todo, transparencia.  

Al parecer, el TSE hizo todo lo contrario a lo sugerido y conforme pasó el tiempo sembró de manera sistemática desconfianza en la población. Uno de los hechos que inició la sucesión de susceptibilidades tuvo que ver con la renuncia de su presidenta Katia Uriona, quien en su carta manifestaba que la sala plena había “llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad”.

Tiempo después renunció la vocal Dunia Sandoval, quien dio antecedentes de irregularidades mucho más precisos. La instrumentalización de la Ley de Organizaciones Políticas para acelerar tiempos electorales, la habilitación de los candidatos Evo y Álvaro que contradecían los resultados del Referendo Constitucional, la realización de las primarias en tiempo récord y otras. Sandoval manifestaba en su carta: “Me encuentro en situación de desacuerdo en varias determinaciones importantes que van contra mi ética profesional y democrática”.

La desconfianza en el TSE fue creciendo tanto que llegó a provocar la renuncia de 37 funcionarios. En esas condiciones la entidad electoral arribó a las elecciones generales del 20 de octubre. Sus propias autoridades reconocían ante la Organización de Estado Americanos (OEA) que la gran mayoría de los bolivianos no creía en ellos. Decidieron entonces implementar una herramienta que les podía hacer recuperar algo de credibilidad, el TREP (Transmisión de resultados electorales preliminares). Un sistema de información no vinculante  que permitiría transparentar el resultado de las elecciones dando a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de las votaciones realizadas. Este sistema era clave para que la ciudadanía, los medios de comunicación y los candidatos dispongan con anticipación la información de los resultados.

Adicionalmente a esa medida, el Tribunal autorizó solamente a una empresa para que realice el ejercicio de conteo en boca de urna para tener resultados comparables entre las 19:00 y 21:00.  Llegado el momento de la verdad, la empresa autorizada Víaciencia  mostró resultados del conteo rápido al 100% de los votos escrutados que aseguraban una segunda vuelta: Evo (43,9%), Carlos (39,4%). Había 4,5 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. El TREP debía iniciar la transmisión de resultados a las 19:00. Oh sorpresa, se demoró casi 45 minutos en iniciar dicha transmisión y, lo peor, cuando había transmitido al 83%, “apagan” el sistema. Dos días después el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renuncia a su cargo, aduciendo que hubo una “desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados preliminares electorales –TREP”.

Actualmente, tenemos a un Presidente que de manera prepotente se autoproclama ganador, con un resultado de 46,68% contra 3,85%. Las dudas persisten, ya que la diferencia es demasiado grande entre lo que sacó la empresa Víaciencia y los resultados oficiales que se muestran ahora. La cereza de la torta, el TREP, sistema en el que todos confiábamos, dejó de funcionar en un momento clave.

Finalmente, estos errores nos pueden conducir a enfrentamientos si es que el gobierno no propone salidas políticas democráticas. En conclusión: qué fraude este Tribunal Supremo Electoral.

Jorge Dulon Fernández  es administrador público y cientista político.