Más allá de las notas disonantes que el caso ha puesto en el tapete, lo cierto es que las acusaciones constituyen un revés de magnitudes inciertas, dado que, falso o no, se los acusa de un acto criminal perpetrado bajo su responsabilidad política en calidad de dignatarios de Estado. Las ejecuciones extrajudiciales los ponen en calidad de sospechosos de un crimen que la humanidad condena, más allá de cualquier atributo, raza, rango, clase, ideología o poder; ellos son  –ante la ley- inexorablemente sospechosos de un acto criminal.

Si este impasse hubiera ocurrido en un Gobierno como el de Paz Zamora, por ejemplo, en el que los derechos humanos fueron protegidos, defendidos y respetados sin la menor mácula, una demanda de este tipo habría causado gracia e hilaridad, por el contrario lo que complica el presente caso es que, aunque no hubieran ninguna prueba de que se ejecutaron extrajudicialmente esos jóvenes, la manera de hacer política, de combatir al adversario político, de disfrazar las verdades etc., hacen que las percepciones y los acontecimientos que rodean el régimen de Evo Morales, aconsejen pensar que una cosa así de pérfida podía ser propia de la naturaleza política de su gobierno o, lo que es lo mismo, que estos crímenes, si se dan, se dan porque el régimen y sus operadores pueden, sin mucha dificultad, cometer un crimen y luego negarlo.

Esto sin duda suena terrible, como terrible es que nuestro presidente sea sospechoso ente la CIDH, peor aún, es  que en su defensa solo hago uso de más violencia (aunque verbal) y de menos racionalidad y mesura. Al escucharlo y escuchar las respuestas de los altos personeros del régimen, uno termina convencido de que no había otra manera de que hagan las cosas en el hotel Las Américas aquel fatídico 16 de abril del 2009.