Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 10 de abril de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Luis Almagro dijo que había una “mala práctica en toda la región” y enviará un análisis de la Comisión de Venecia a las instituciones y países miembros de la OEA para que guíe sus consultas. El Gobierno dice que no es una opinión vinculante.
Contenido
“La respuesta de la Comisión de Venecia es inequívoca: la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”, dijo Luis Almagro, en un video colgado en su cuenta de Twitter.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había consultado sobre el tema al órgano consultivo del Consejo de Europa, decidió notificar con esta opinión jurídica “para su conocimiento y análisis” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana y al Comité Jurídico Interamericano. “Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante el mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder”, dijo Almagro.
Tras nuestra solicitud de opinión, @VeniceComm presenta su informe final sobre la reelección: La reelección no es un DDHH, e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o los votantes @OEA_oficial. bit.ly/2Eyw8Tw
Esto trajo reacciones dispares entre el oficialismo y la oposición. Desde el Gobierno, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, citó al ministro de Justicia, Héctor Arce, para afirmar que “la Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie”.
Por su parte, el expresidente Tuto Quiroga declaró que “ser tirano no es un derecho humano”.
Los argumentos
Almagro criticó el interés de varios presidentes de la región de modificar la Constitución durante su mandato para habilitarse a una reelección pese a que su texto magno lo prohibía (así sucedió en Costa Rica, Nicaragua y Honduras). Añadió que en algunos casos ni siquiera se dio por reforma a la Constitución, sino que se recurrió a sentencias judiciales.
Explicó que por ello solicitó una opinión a la Comisión de Venecia, que emitió un informe al respecto luego de consultar a un grupo diverso de expertos en materia constitucional y electoral conformado por juristas de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. Ese grupo llegó a la conclusión de que la reelección proviene del derecho a la participación política, que no se vulnera con la imposición de límites de mandatos.
Para los expertos, los límites buscan restringir la “perpetuación en el poder” y que la democracia “se convierta en una dictadura de facto”. Explicó que al provenir de una decisión soberana del pueblo, las restricciones están plasmadas en la parte orgánica de las constituciones, no en el capítulo de los derechos.
“Nadie puede argumentar tener derecho a postularse después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeto al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza en el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional”, dijo Almagro.
En el caso de Bolivia, el binomio presidencial intentó modificar la CPE a través del referendo del 21-F, pero el pueblo decidió mantener el límite a una sola reelección en periodos continuos.
El secretario general añadió que el reporte de la comisión no es una opinión política, sino un documento con validez jurídica y anunció que enviará una copia a los estados miembros de la OEA para que se convierta en referencia esencial en estos análisis.
Las reacciones
Casi a la medianoche, el Gobierno reaccionó, también por Twitter. Pablo Menacho, procurador general del Estado, escribió que ni la Comisión Interamericana ni la Corte de Derechos Humanos sustituyen a los órganos judiciales del Estado y no tienen competencia para revisar sentencias de los tribunales locales. Acusó a Almagro de devaluar a la OEA al introducir informes ajenos al sistema interamericano.
Tuto Quiroga no piensa igual. Describe a la Comisión de Venecia como un órgano integrado por “una especie de gurús o amautas jurídicos” y cuando es consultado por el Consejo de Europa, guía sus pasos. Así sucedió con la negociación del brexit. En relación a la OEA, Quiroga explica que Almagro consultó a Venecia sobre la decisión de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones en Venezuela y que el consejo de la organización sirvió para su propuesta de aplicar la Carta Democrática de la OEA al país caribeño.
Quiroga dice que en paralelo a la decisión de La Haya saldrá un pronunciamiento sobre la reelección indefinida en Bolivia, ya sea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana y que Bolivia, como Estado, no puede desafiliarse o darle la espalda a una instancia jurídica multilateral. “Así como Chile debe cumplir sus promesas de más de 100 años, Evo Morales debe cumplir sus promesas de hace 10 años y dejar el poder”, dijo.
Para Siles, el máximo órgano jurisdiccional de Bolivia es el Tribunal Constitucional, que ya ha fallado al respecto. Consultado sobre si una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revertir dicho fallo, el viceministro prefirió no opinar sobre supuestos.
Plataformas protestarán en lima por el 21-F
Las plataformas ciudadanas que coordinan su trabajo con el Comité pro Santa Cruz emprendieron ayer viaje hacia Lima (Perú) para llevar la protesta del 21-F a la sede de la Cumbre de las Américas.
“No queremos que haya impunidad en los crímenes, no queremos que haya corrupción, no queremos que haya narcotráfico, queremos que se cumpla la norma”, dijo Eduardo Gutiérrez, parte de SOS Bolivia, una plataforma ciudadana ligada al concepto de la ‘familia natural’ que ofició de vocero de la Caravana por la democracia.
Los miembros de la caravana estarán el 11 de abril en La Paz para reunirse con otros protestantes y esperan llegar a Lima el 12 de este mes para realizar su manifestación hasta el 13 y regresar al día siguiente a Santa Cruz de la Sierra.
El 13 y 14 de abril se tiene prevista en Lima la realización de la Cumbre de las Américas más polémica de los últimos tiempos. Los países miembros decidieron impedir la participación de Venezuela y han readmitido a Cuba en el plenario. Se tiene prevista la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, y se prevé que sea una de las últimas participaciones internacionales de Raúl Castro, que pronto cederá su cargo en Cuba.
“Por eso estamos haciendo la largada de esta caravana desde el Cristo Redentor, lugar simbólico de las gestas de los cruceños, para también encomendarnos a Dios y a los cruceños”, dijo Gutiérrez.
El informe de la comisión de venecia
1.- Fue emitido el 19 de marzo, cuando Bolivia comenzaba sus alegatos orales contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
2.- En ese momento, el ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que no se trataba de una institución oficial de ningún organismo internacional y que sus decisiones no eran vinculantes.
3.- Los congresistas de oposición habían anunciado ayer su intención de enviar el análisis de la Comisión de Venecia a la CIDH. Almagro se les adelantó.
4.- La Corte Interamericana debe resolver al menos cuatro demandas de Bolivia en contra de la repostulación del dignatario Evo Morales.
-
Opinión/ Daniel Valverde
No es hecho vinculante por sí mismo
No hay mucha sorpresa en este comunicado de Luis Almagro. Lo que señala -esto de que el derecho a la reelección indefinida no es un derecho humano- es el camino que traza la racionalidad jurídica. Por otra parte, el titular de la OEA ya había anticipado su criterio, así que el comunicado basado en los criterios de la Comisión de Venecia trae novedad solo como procedimiento. Al tratarse de un informe y no de una resolución de la Asamblea General de la OEA, este informe jurídico no contiene un carácter vinculante por sí mismo.
Debe generarse un proceso mediante el que los mismos organismos de la OEA (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos) sustenten un proceso con este criterio y así pueda afectar en los Estados miembros, como Bolivia, donde Evo Morales se habilita a la repostulación a partir de una sentencia constitucional.
Sin embargo, el comunicado de la OEA genera una enorme presión moral hacia el Gobierno boliviano, pues, además de la derrota en las urnas del referéndum del 21-F, este mensaje mina la credibilidad del procedimiento con el que se ha buscado hacer candidato al presidente, pese a que la Constitución se lo prohíbe.
La única manera con la que el Gobierno podría validar legal y legítimamente su apuesta es realizar otro referéndum: solo el pueblo tiene autoridad para ratificar o revocar una decisión suya, no un tribunal, mucho menos los políticos. Tendría el Gobierno que revisar sus plazos antes de 2019 para ver si está a tiempo, porque insistir en la repostulación en contra del mandato del 21-F solo dañaría más la imagen del presidente Morales y puede afectar la credibilidad institucional del Órgano Electoral. Por otra parte, en el caso de Almagro, llama la atención la energía con la que cuestiona el caso de la búsqueda de habilitación del presidente Morales, cuando, en el caso de Honduras, no hizo lo mismo.
