El gobierno obtuvo lo que quería en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA): que las observaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) de ese organismo pasen a un segundo plano porque lo que se hará, para despejar dudas sobre las elecciones celebradas en Bolivia, será una auditoría a los resultados de esos comicios.
Y podemos prever, desde ya, que esa auditoría no encontrará evidencias de fraude electoral por una razón: las “anomalías” no se produjeron en la transcripción de datos de las actas, como era en el pasado, sino en el momento mismo de la votación. Como los resultados son los que se sientan en el acta, y a partir de ahí opera la preclusión, no surgirá ningún dato que amerite la anulación de las elecciones o la realización de una segunda vuelta.
Con ese razonamiento, poco o nada es lo que se puede esperar de las “anomalías”. Cuanto más, se hará algunas recomendaciones y eso será todo.
Por ello, los enormes sectores ciudadanos que están reclamando por los cambios que se produjeron en el recuento de votos no deberían esperar demasiado pero, por lo menos, tendrán el consuelo de que, por primera vez en 14 años, las elecciones pasaron con una serie de cuestionamientos, no solo de los bolivianos sino, también, de otros países y los organismos internacionales.
Más allá de las diferencias ideológicas, que serán invocadas por el gobierno para justificar la emisión del documento, llama la atención el pronunciamiento conjunto divulgado con el título de “Comunicado de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos sobre las anomalías en las elecciones presidenciales en Bolivia”.
El comunicado es llamativo desde su título porque utiliza una palabra, “anomalía”, que no es precisamente un eufemismo sino que describe lo que ocurrió en las elecciones bolivianas: “desviación o discrepancia de una regla o de un uso”. Porque, a decir verdad, hubo una “desviación” cuando se permitió que Evo Morales y Álvaro García participen en las elecciones pese a que la Constitución se los prohibía.
El documento dice que se debe “garantizar un escrutinio transparente y creíble” y, al hacer esa recomendación, se está insinuando, por decir menos, que el recuento tuvo oscuridad y no gozó de la confianza de los electores.
Con todo y su claridad, este comunicado resulta tibio si se lo compara con la “Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia” pues esta señala, entre otras cosas, que la MOA “ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas (pues) ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña”. Agrega algo importante: su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”.
Lo que se puede ver, entonces, es que la MOA sospecha que las elecciones bolivianas no se realizaron de manera justa pues hubo un partido, el MAS, que tuvo todas las ventajas, incluida la parcialidad del árbitro de los comicios.
Lo propio percibe la Unión Europea, que aglutina a varios países, pues, además de coincidir con las observaciones de la MOA, señala que “la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano”.
