“En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y la problemática evidenciadas en este proceso electoral continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, expresó Manuel González, jefe de la misión de la OEA, en la presentación del informe preliminar de esa delegación. 

El documento  fue respaldado desde Washington, donde  el Consejo Permanente de la OEA analizó la situación en Bolivia. Ahí, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral,   expuso, entre otros detalles,  los factores  que generaron la tensión en Bolivia.   

 “El clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso, la falta de trasparencia,  la inequidad en la contienda y el ajustado porcentaje  de los comicios han generado una alta tensión política y social”, expresó Icaza. 

 El Consejo de la OEA fue convocado a solicitud de las misiones permanentes de  Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela (designada por Juan Guaidó).

 En la sesión, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, sostuvo que la suspensión del  TREP fue usada por el Gobierno para “robar” las elecciones y “cocinar” los resultados.

“El Gobierno permitió unas elecciones un tanto justas, porque no se dio cuenta de su propia popularidad y pensó que podría ganar bajo su sistema. Cuando se da cuenta de que no pueden ganar la primera vuelta, apagó los resultados para poder robar las elecciones”, expresó durante su intervención, según Erbol. 

Los gobiernos de México y Nicaragua calificaron de injerencia   analizar el caso boliviano,  afirmaron que no se puede tocar el tema,  porque aún no concluyó el cómputo, además  -indicaron-  se debe garantizar la soberanía de cada Estado.   “México respalda a las misiones siempre que su trabajo sea neutral y no sea intervencionista”, expresó la embajadora de México en la OEA, Luz Elena Baños Rivas.

La embajadora de Nicaragua, Ruth Tapia, condenó “la falaz” pretensión de algunos Estados miembros del organismo internacional, que buscan -dijo- convertirse en jueces y censores    de la democracia y los procesos electorales,  sin respetar la soberanía.

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, indicó que  el trabajo de la misión se realizó en el marco de la “ecuanimidad” y respaldó “íntegramente” su informe.   

Los embajadores de   Brasil, Perú, Colombia, EEUU y Venezuela también  expresaron su “respaldo pleno” al trabajo de los observadores de la OEA.

 “La celebración de elecciones libres, justas y transparentes es un elemento esencial de la democracia representativa”, expresó José Manuel Boza, embajador de Perú ante la OEA, quien  convocó a la calma mientras se concreta el cómputo. 

La representación de Costa Rica hizo un llamado a las autoridades electorales de Bolivia para que las recomendaciones que emanen  de la misión “sean acatadas a plenitud para asegurar un proceso transparente confiable y respetuoso de los valores contenidos en la Carta democrática”.

        De los países que expresaron su respaldo a  la misión de observadores que está en Bolivia, el  más crítico fue Colombia, que lamentó la falta de garantías y la “notoria” pérdida de confianza en el proceso electoral.

“No es la forma de responder a los ciudadanos”, dijo Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA, quien informó que como Estado plantearon la opinión consultiva sobre la reelección, tras que gobiernos  que en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa transgredieron  los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse en el poder. 

                   El Gobierno de Brasil respaldó el informe de la misión y subrayó que en el documento se plantea la necesidad de una segunda vuelta para garantizar el pleno respeto de la elección popular y democrática. 

   José Alberto Gringo Gonzales, embajador de Bolivia ante la OEA, con reportes de un medio argentino, aseguró  a los diplomáticos los motivos del  porqué se paralizó el sistema TREP cuando el cómputo llegó al 83,74%. “Poco más de los que se había comprometido el TSE”, manifestó.

Afirmó que “en el momento en que se inicia el segundo mecanismo de conteo que es el recuento oficial de votos, que es un acto  absolutamente público y transparente, se tomó la decisión de ya no actualizar los datos del TREP y queda en 83,74%”. Agregó que el sistema se “actualizó” tras la recomendación de las legaciones diplomáticas.

Otras observaciones 

En Bolivia,  el excanciller González, jefe de la misión de la OEA, también observó la falta de claridad en la regulación sobre el procedimiento de acreditación, funciones y las limitaciones en la participación  de los delegados de mesa, situación que creó “confusión en los recintos electorales”. 

Asimismo, informó que “la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de almacenamiento de material electoral no contaron en todos los casos con las medidas de seguridad correspondiente”.

Sobre la paralización del TREP, el informe de la misión de la OEA señala que el TSE “no fue capaz de brindar una explicación certera a la ciudadanía”.    En el documento se agrega que  los datos preliminares presentados por el TSE coincidían con los resultados del ejercicio estadístico de la misión   y con conteos rápidos que impulsaron la empresa Víaciencia y  la alianza Tu voto cuenta de la UMSA.  

 Tras esas observaciones, la misión expresó que “tiene dudas serias sobre si en este proceso electoral existen las garantías para poder recurrir actos y resultados por parte de la autoridad electoral”.

En el informe también se hace  referencia a la reciente renuncia de Antonio Costas como vocal del TSE, y se  considera que esa dimisión “debilita aún más la institucionalidad electoral” y aumenta “los niveles de desconfianza”, situación que podría afectar el funcionamiento del tribunal.   

Hoy a las 15:00,  en EEUU, los ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary,  y de Justicia, Héctor Arce, expondrán la  postura del Gobierno sobre  el proceso electoral y el sistema de cómputo.