El OEP ha sido un factor políticamente controversial desde su actuación frente a los resultados del 21F.
Lejos de constituir una instancia aislada de la política como se espera de un “árbitro”, ha ido acumulando críticas y cuestionamientos por su parcialización y benevolencia con el partido de gobierno.
Se convirtió nuevamente en foco de atención cuando hace poco más de un año, fue parte de la apresurada aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas en la ALP, imponiendo elecciones primarias como requisito obligatoria para participar en las elecciones de 2019, lo cual se convirtió en una forma expedita de sellar la participación del binomio oficialista.
De ahí en más, han ido sumando “errores”, como el silencio frente a denuncias del uso de bienes públicos en campaña, propaganda política fuera de norma, “acarreo” de votantes, entre muchas otras, reforzando su imagen parcializada a favor del partido oficialista.
De ahí que, uno de los factores críticos del debate electoral en las últimas semanas fue el papel del Órgano, que sin duda fue atenuado por las declaraciones de algunas de sus autoridades principales, y los respaldos institucionales e internacionales que recibieron, por ejemplo, para garantizar la transparencia en el TREP y en el conteo oficial. Pero la desconfianza no fue revertida, al punto que se organizaron cerca de diez plataformas ciudadanas y de organizaciones políticas para vigilar y hacer el control electoral del voto.
En esta elección prácticamente no tuvieron relevancia las propuestas programáticas ni el perfil personal de los candidatos, sino los discursos de polarización articulados a diversas contingencias previas a la elección: el incendio en la Chiquitania, las movilizaciones recurrentes con motivo del 21-F, el paro cívico potosinista, el paro médico, entre otros.
No obstante, la catástrofe política se ha desencadenado a partir de la pausa sombría de 24 horas que se inició la noche de la elección, cuando se detuvo misteriosamente la difusión de la transmisión rápida de datos electorales por parte del OEP y cuando retornan, sorprenden con un vuelco en la tendencia de la votación.
El problema es que, un hecho de esta naturaleza, es como una chispa de fuego en medio de gasolina derramada. La elección se realiza en un momento de fuerte polarización discursiva y posicionamientos confrontados respecto a la dicotomía: continuismo vs recambio, no es una elección como otras del pasado.
Por eso la potencia de las reacciones ante una decisión ciertamente arbitraria y hasta incomprensible del TSE de detener el conteo rápido, cuando se había contratado una empresa responsable de su realización -se supone que por un trabajo concluido al 100% y no, al 83%-, o ¿cuál fue la seriedad de ese contrato?
La renuncia de Costas en un momento tan crítico es reveladora, en su nota dice que no difundir los resultados del TREP generó una “situación que derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una inecesaria convulsión social”.
En el momento en que se cierra este artículo aun no se conoce el resultado oficial consolidado de la elección, pues desde hace varias horas se ha detenido, otra vez inexplicablemente, el conteo de votos.
Sin embargo, el presidente ya ha anunciado su triunfo en primera vuelta y declara estado de emergencia. Una situación realmente atípica en un momento poselectoral.
En cualquier caso, la sociedad está en apronte y confiamos en que no existan costos humanos que paguen el precio de las malas decisiones políticas.
