Tras los pronunciamientos del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Justicia, Héctor Arce, en días pasados, ayer le tocó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien afirmó que la demanda presentada ante la CIDH es un "insulto" a la inteligencia de las personas y al Estado boliviano y recordó que al menos seis de los 39 acusados se acogieron a un procedimiento abreviado, que es una "confesión ante la justicia".

La demanda fue planteada por violación de derechos humanos e interpuesta por el boliviano-croata, Mario Tádic, y el húngaro, Elöd Tóásó, coimputados en el caso terrorismo.

Romero señaló que esas personas, durante el proceso de investigación, revelaron que fueron traídas al país con el objetivo de impulsar la división del país al mando de Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano).

Además, la autoridad precisó que la presentación de esa denuncia "es una afrenta" al Estado boliviano, ya que las investigaciones por el caso terrorismo continúan sustanciándose.

"Es una afrenta, más aún cuando estamos hablando que el proceso judicial sigue sustanciándose en Bolivia y más aún cuando los demandantes son quienes han sido sentenciados y condenados porque ellos mismos reconocieron que todos estos hechos fueron reales", sostuvo.

El 16 de abril de 2009, la Policía protagonizó un asalto en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde presuntamente desactivó una célula terrorista. Rózsa Flores, Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) murieron durante el asalto.

Caso García linera

El senador Oscar Ortiz (UD) recordó que el vicepresidente Álvaro García Linera recurrió a la CIDH, a la que ahora no quieren reconocer sus facultades para pedir una indemnización.

“Miren el absurdo: el Vicepresidente inicia una demanda contra el Estado boliviano ante la CIDH pidiendo una indemnización por los abusos que habría sufrido cuando estuvo preso luego de cometer una serie de atentados en el país. O sea que para su propio beneficio acude a pedir indemnización, pero ahora no quiere que lo investiguen por las responsabilidades que podría tener él, junto con el presidente Evo Morales y otras autoridades, por las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas", explicó el opositor.

Además, la CIDH es parte del sistema interamericano de derechos humanos enmarcado en el Pacto de San José, que sirvió como una de las bases para argumentar que Morales puede reelegirse indefinidamente para defender su "derechos humanos", agregó.

En 2005, la CIDH aceptó una denuncia por detención arbitraria, tortura y persecución indebida presentada por el Vicepresidente, su hermano Raúl y otros acusados de pertenecer al EGTK y cometer, según las acusaciones de ese tiempo, al menos 50 atentados terroristas.

"Vemos que hay una actitud contradictoria en el Presidente y el Vicepresidente con relación a las instancias internacionales de justicia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la cual hemos acudido para solicitar justicia con relación a Chile, es parte de un mismo sistema internacional, al cual pertenecen la CIDH y la Corte IDH. (El Gobierno) no puede aceptar la jurisdicción internacional en lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene, para que no lo investiguen por la violación a los derechos humanos", enfatizó Ortíz.

También el ex líder campesino Felipe Quispe "El Malku", se pronunció sobre este caso que data de la década del 80, aseguró que la conciliación entre el Estado boliviano y los ex miembros del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) ante la Corte IDH, se encuentra paralizada porque los hermanos García Linera trabaron un arreglo en favor de los que demandaron al Estado por violación a los derechos humanos. "Ellos no quieren conciliar porque tienen plata. Tenemos una traba en el Gobierno porque tanto Álvaro García Linera, su hermano Raúl y otros están trabajando. La mayoría están en la Vicepresidencia, son los que no quieren que recibamos el resarcimiento", declaró a Erbol.