“La CIDH tiene que hacer una evaluación de cuál es el rol de estas personas porque el Estado no los acusa simplemente porque son personas naturales, sino porque tienen algún tipo de vínculo o participaron en algún momento con este grupo criminal”, dijo Navarro en entrevista con el canal estatal.

El pasado 3 de abril, y luego de ocho años, se conoció que la CIDH admitió la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de los derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer, acusados de pertenecer a una célula terrorista y que murieron en un operativo policial en el hotel Las Américas.

La denuncia, presentada el 21 de septiembre de 2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Tádic y Elöd Tóásó, ambos colegas de Rózsa-Flores y únicos sobrevivientes del operativo policial, generó la molestia del Gobierno que anunció que el Estado se defendería ante cualquier instancia.

Desde la perspectiva de Navarro, “en este caso tiene que haber una evaluación mucho más integral” debido a que existe una denuncia en contra del Estado boliviano de personas “que se presentan como víctimas y no como victimarios”. “Estas personas no denuncian al Estado porque haya vulnerado sus derechos, sino porque ellos en diferentes momentos, de este hecho negativo para la historia política de nuestro país, han estado vinculados con este grupo criminal”, agregó.

Cuestionó que haya “una evaluación independientemente del contexto donde se desarrolló este hecho criminal” calificado como muy peligroso para la unidad del Estado boliviano.

“Hemos impedido que un grupo criminal de esta envergadura pueda desarrollar acciones para eliminar físicamente a personas con diferente orientación política”, dijo.