La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado mediante el cual solicita al Gobierno boliviano garantizar el derecho a la protesta cuando esta sea pacífica.

“La Comisión llama al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente,  durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia y las garantías a la prensa para dar cobertura al proceso de verificación de la votación”, señala el comunicado de la CIDH.

En esa línea, la CIDH critica que la Policía haya “utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones ciudadanas como la que se desarrollaba frente a la sede del conteo de las actas electorales pese a que en esa instancia reclamaban de manera pacífica”.

Así también, condena la “agresión que sufrió Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de estas protestas”.

No obstante, la CIDH también repudió los actos de violencia que desarrollaron algunos de los ciudadanos protestantes, quienes, incluso, quemaron las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales en el Beni, Chuquisaca y Santa Cruz.

“La Comisión también tomó conocimiento de que algunos manifestantes provocaron graves hechos durante algunas protestas, hechos que han sido condenados por las autoridades nacionales; estos incluyen incendios y daños a los tribunales electorales departamentales de Potosí, Tarija y Pando, entre otros. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos, en tanto se desarrolla en forma pacífica”, añade el comunicado.

“Ante la eventual continuidad de las manifestaciones ciudadanas, la CIDH recuerda al Estado Plurinacional de Bolivia que debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolverla mediante uso de la fuerza (…) En ese sentido, llama el Estado y a los manifestantes a entablar un proceso de diálogo pacífico con respeto a la voluntad popular expresada en las urnas”, finaliza la nota publicada por la CIDH.