Estalló el conflicto

Desde el año 2008 el Tribunal Supremo Electoral cayó en una espiral de descredito, al extremo de que siete de cada diez bolivianos desconfiaban antes del sufragio respecto a la transparencia que iban a tener las elecciones, con ese nivel de desconfianza los vocales tanto nacionales como departamentales, deberían haber renunciado o por lo menos correspondía que condujeran el proceso electoral de manera impecable, para que se descartaran las dudas respecto a su desempeño e integridad moral. Eso no ocurrió y fuera de los compromisos asumidos ante los partidos políticos y la prensa, paralizaron abruptamente el cómputo preliminar, cuando además solo faltaba revisar un poco más del diez por ciento de las actas de sufragio, luego misteriosamente cuando reanudaron esa tarea, la tendencia había cambiado completamente después de que se publicara la información al cómputo del 95 por ciento del padrón electoral. Una segunda vuelta confirmada por las encuestadoras y por el TREP al 89 % de avance, fue repentinamente desechada y contra lo que se podía suponer, la misma institución daba por vencedor en primera vuelta al candidato oficialista. La reacción ha sido inmediata, el candidato Carlos Mesa desconoció ese resultado y recibió luego el apoyo de Chi Hyun Chung y de Oscar Ortiz, después los Comités Cívicos y el CONADE llamaron a la movilización y como si esto fuera poco los veedores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea expresaron sin ambages, que es inaceptable el proceder del Tribunal Supremo Electoral. Es un dato consistente de la realidad, el hecho de que solamente el Gobierno Nacional y el Movimiento al Socialismo respaldaran el trabajo del Órgano Electoral, los restantes actores nacionales e internacionales, asumieron que existen fundadas posibilidades de que se haya producido un fraude electoral, inclusive la Conferencia Episcopal se pronunció en ese sentido y la Asamblea de la OEA se está reuniendo de forma expresa para tratar el tema de las elecciones en Bolivia. El mundo está expectante, esta crisis política pone de manifiesto que se tiene que revisar el estado de nuestra democracia y los cuestionamientos son tan generalizados que las propias elecciones carecen de legitimidad en estas circunstancias. Se decretó un paro nacional indefinido y estallaron protestas violentas en todo el País, las imágenes del Rector de La Paz herido por la Policía, han causado una profunda indignación en la opinión pública, el Gobierno Central no quiere entender que la única manera de pacificar al País, es anular las elecciones o dar curso a una segunda vuelta electoral. Lo que se evidencia es que el enojo de la gente tiene que ver con una indignación que se acumula, no son las primeras irregularidades que se toleran, desde que se produjo tras la habilitación de los candidatos oficialistas, pese a que de por medio había un Referéndum Nacional que negaba de forma expresa esa posibilidad. En esa oportunidad desde el Ejecutivo se dio una señal muy mala al País, pues lo que no se consiguió en las urnas, se pretendió lograr forzando interpretaciones en los tribunales, esto es algo que afecta en esencia el principio democrático de que la Soberanía reside en el Pueblo y en consecuencia las autoridades de gobierno son las primeras obligadas al cumplimiento y respeto de esa voluntad, quien no tenga oídos para escuchar ese clamor popular, está ciego para ver la realidad y está solo si quiere pedir el apoyo de la gente o el reconocimiento institucional.