La base del ordenamiento jurídico es el principio de legalidad, según el cual es inválido todo acto contrario a la Constitución Política del Estado que estableció las instituciones destinadas a la función de Gobierno con capacidad de regirse en forma autónoma.
El Poder Legislativo tiene atribuciones para creación, derogación y reforma de leyes, entre las cuales figura la reforma parcial de la Constitución sin facultad para cambio total. El Poder Ejecutivo es el encargado de guardar y hacer guardar las normas supremas y las leyes secundarias que de ella se derivan. El Poder Judicial dirime conflictos entre personas y tiene la función de control de la constitucionalidad. Ninguno de los tres Poderes debe por sí solo ejercer de manera absoluta el Poder del Estado.
Quien preside el Poder Legislativo no debía jamás salir del marco de esa institución, pero debido al hecho de estar destinado a reemplazar al Presidente de la República en su condición de Vicepresidente, participa en la dirección de la política general del Gobierno y en la formulación de la política exterior, razón por la cual es integrante del Consejo de Ministros. Por ello, pone a los legisladores en la órbita del Poder Ejecutivo. Debido a esa circunstancia se emitieron leyes que quitaron fuerza a los regímenes de autonomía departamental, municipal e indígena, anularon las normas constitucionales sobre equilibrio ecológico y patrimonio natural de las especies nativas, y de las concernientes a las áreas protegidas, recursos forestales y protección de la amazonía. Acciones todas ellas de infracción al principio de legalidad.
La asociación política en funciones de Gobierno logró que los integrantes del Poder Ejecutivo, jefaturizados por el Presidente de la República, pongan bajo su imperio a los otros Poderes del Estado y a todas las entidades de la administración pública con desprecio del principio de legalidad.
El Poder Judicial, en el marco de la aplicación de la ley a situaciones concretas en casos de discrepancia, fue instrumento del Poder Ejecutivo para condena a opositores políticos mediante sentencias injustas, y respecto a su condición de guardián de la supremacía constitucional y de la soberanía del pueblo, fue coautor de la desintegración del régimen democrático con escarnio del principio de legalidad.
