Una vez más, la participación de la ciudadanía en las elecciones generales del domingo ha sido la más elocuente ratificación de dirimir solo a través del voto las disputas políticas en Bolivia. Sin embargo, esa convicción no será suficiente si el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no hace un intento serio por despejar las dudas que han surgido respecto a una idónea administración del proceso.
Los bolivianos votamos para elegir a nuestros gobernantes y lo hicimos muy a pesar de las muchas dificultades que pusieron en el camino quienes no confían en la voluntad de la ciudadanía y todavía creen que las fórmulas autoritarias son las más adecuadas para conducir a los pueblos. Por eso, quizá, muchos ciudadanos han reaccionado con indignación y han salido a las calles ante los casos de hallazgos de material en viviendas y vehículos.
En otro contexto, un tratamiento institucional pronto y oportuno de esos casos habría sido la respuesta esperada por la población vigilante, pero ni ha sido inmediata la reacción del Órgano Electoral ni la ciudadanía movilizada cree ya en su palabra.
Las autoridades electorales están lejos de ser las únicas responsables de la defenestración institucional. Buena parte de esa culpa recae en el Gobierno, o al menos en algunos de sus administradores, que han tratado al Órgano Electoral como un apéndice más del Ejecutivo y se han encargado de reforzar la idea de su sometimiento con sus acciones y declaraciones.
Hasta 1992, la conformación del Órgano Electoral estuvo en manos de las circunstanciales mayorías políticas pero, desde ese año, y con procesos traumáticos de por medio, se acordó dar plena independencia política a sus miembros, elegidos básicamente por sus meritorios antecedentes profesionales y morales. Este espíritu lamentablemente fue roto y, nuevamente, aprovechando su renovación por mandato constitucional, se retomó el espíritu de que la composición del Órgano Electoral dependiera de las mayorías políticas. Fue uno de los errores fundamentales.
Otro, el que ahora es enarbolado por la ciudadanía movilizada, es el irrespeto a los resultados del 21 de febrero de 2016. Arguyendo razones legales, calificadas como argucias desde distintos frentes, el Gobierno logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional archivara con una sentencia el No a la reelección y participó en estas elecciones.
Lamentablemente —y este es uno de los casos—, los actores políticos no han sabido ponerse a la altura de la voluntad democrática que predomina en la sociedad boliviana. Han sido tentados por modelos autoritarios de ejercicio del poder, tentaciones que, no sin dificultades, han sido enfrentadas por la clara adhesión de la ciudadanía a la democracia.
La ciudadanía ha demostrado que confía en un sistema democrático en el que la conformación de los poderes del Estado —llamados órganos en la Constitución— depende del voto. Ha acudido a las urnas en gran cantidad con la esperanza de que ese sistema funciona. Que los resultados arrojen una realidad distinta a la que percibieron los sentidos es lo que la ha indignado y ha motivado su salida espontánea a las calles. La respuesta del partido en función de gobierno ha sido la de la confrontación: ha instruido a la militancia a salir “en defensa del voto” y eso podría motivar enfrentamientos en las calles.
No caben las amenazas. No cabe la violencia.
El OEP tiene en sus manos la posibilidad de recobrar la confianza perdida. Es obligación del resto de los administradores del Estado ayudar a que ello suceda.
