El proceso electoral sigue un procedimiento rígido en plazos y condiciones. Se cuentan los tiempos en horas exactas y si una acción no se cumple en toda su riguridad, es anulada, suprimida o sancionada.
Recordemos que el extremo punitivo se dio en el departamento del Beni cuando se anuló la representación completa de un partido, por el incumplimiento de una prohibición. No sirvieron explicaciones, descargos y protestas y simplemente, se impuso la letra.
Los acontecimientos después de las elecciones nacionales están ocurriendo de manera tan vertiginosa, que esta opinión escrita la noche del domingo 20 de octubre puede quedar desfasada en el momento de su publicación el día martes 22 por la mañanita. Asumiendo el riesgo, voy a compartir una preocupación ciudadana referida a las anormalidades en el proceso postelectoral que están configurando un posible desconocimiento de la voluntad ciudadana que raya en el fraude.
Las previsiones legales para la existencia de una segunda vuelta electoral, se han cumplido siguiendo el procedimiento establecido por la ley y el Órgano Electoral Plurinacional. Sin embargo, el presidente de la república reivindicando su triunfo, no reconoce todavía los resultados por la falta de escrutinio de un número importante de actas “de las zonas rurales y del exterior”.
Siguiendo las fases electorales, debíamos haber ejecutado un proceso muy simple en su enunciado.
Primera etapa electoral, verificada el 20 de octubre expresada en el acto de votar y que ha tenido la principal responsabilidad sobre la ciudadanía. Los ciudadanos, cumpliendo el mandato de su conciencia, se congregaron en recintos, conformaron mesas compuestas de jurados y representantes de los partidos y ejercieron el sufragio.
Segunda etapa electoral, verificación de número de papeletas, escrutinio en mesa y elaboración del acta, bajo la responsabilidad ciudadana que cumplió a cabalidad.
Tercera etapa, el cómputo y la consolidación de los votos enviados al órgano electoral departamental para su copia en el sistema nacional de cómputo. Condición que debe cumplirse bajo la responsabilidad y transparencia del órgano electoral, y bajo el control ciudadano y la vigilancia internacional.
Cuarta etapa, verificados los resultados, cumplido el conteo rápido según procedimiento establecido, determinación de la segunda vuelta electoral, nuevamente bajo responsabilidad ciudadana, el 15 de diciembre.
Esta secuencia está siendo entorpecida en su tercera etapa por una serie de circunstancias de consecuencias imprevisibles. El traslado de actas de manera irregular y el almacenamiento de ánforas en lugares no oficiales en Potosí, El Alto y Oruro, plantean situaciones para las cuales no existen explicaciones consistentes ni razonables y despiertan las susceptibilidades y temores en la ciudadanía respecto al valor de su voto.
Para no incurrir en especulaciones y opinar sobre información fidedigna, formulo dos preguntas de emergencia al Tribunal Supremo Electoral:
1) ¿Sabían ustedes, como consta en videos que circulan públicamente, que existen depósitos de ánforas en casas particulares sin control policial, en El Alto, Oruro y Potosí, lugares que han sido denunciados hasta ahora, con actas que parecen ser duplicadas de las que están siendo revisadas por los órganos electorales departamentales?
2) ¿Corresponde al procedimiento establecido, el traslado de ánforas y actas abiertas, en vehículos no oficiales, por personas sin acreditación o con identificación de militancia del MAS, como consta en videos que circulan públicamente?
El desconocimiento de la voluntad ciudadana en el Referéndum del 21F nos obliga, esta vez, a ser cuidadosos con nuestro futuro.
