El desafío

Una vez más, la participación de la ciudadanía en las elecciones generales del domingo fue la más elocuente ratificación de la fe en la democracia. Sin embargo, esa convicción no parece ser suficiente ante la indignación colectiva y la violencia desatadas por las dudas respecto a la administración del proceso.

Los bolivianos votamos para elegir a nuestros gobernantes y lo hicimos muy a pesar de las muchas dificultades que pusieron en el camino quienes no confían en la voluntad de la ciudadanía y todavía creen que las fórmulas autoritarias son las más adecuadas para conducir a los pueblos. Guiados por ese espíritu, quizá, muchos ciudadanos han salido a las calles ante los casos de hallazgos de material electoral en viviendas y vehículos, y los cambios de tendencias en el recuento oficial de los votos.

Entre anoche y esta madrugada, las manifestaciones han degenerado en violencia en todo el país y amenazan con distorsionar el sentido del reclamo popular.

En otro contexto, un tratamiento institucional pronto y oportuno de esos casos habría sido la respuesta esperada, pero ni ha sido inmediata la reacción del Órgano Electoral ni la ciudadanía movilizada cree ya en su palabra.

Las autoridades electorales están lejos de ser las únicas responsables. Buena parte de esa culpa recae en el Gobierno, o al menos en algunos de sus administradores, que han tratado al Órgano Electoral como un apéndice más del Ejecutivo.

Hasta 1992, la conformación del Órgano Electoral estuvo en manos de las circunstanciales mayorías políticas, pero desde ese año, y con procesos traumáticos de por medio, se acordó dar plena independencia a sus miembros, elegidos básicamente por sus meritorios antecedentes profesionales y morales. Este espíritu lamentablemente fue roto y nuevamente, aprovechando su renovación por mandato constitucional, se retomó el espíritu de que la composición del Órgano Electoral dependiera de las mayorías políticas. Fue un grave error.

Otro, el que ahora es enarbolado por la ciudadanía movilizada, es el irrespeto a los resultados del 21 de febrero de 2016. Arguyendo razones legales, calificadas como argucias desde distintos frentes, el Gobierno logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional archivara con una sentencia el No a la reelección.

Lamentablemente, los actores políticos no han sabido ponerse a la altura de la voluntad democrática que predomina en la sociedad boliviana. Tienen una nueva oportunidad: la ciudadanía ha salido a las calles y necesita una respuesta. 

Así como no cabe la violencia, tampoco caben las advertencias e imposiciones. 

El Órgano Electoral tiene en sus manos la posibilidad de recobrar la confianza perdida. Es obligación del resto de los administradores del Estado ayudar a que ello suceda.