Existe un evidente riesgo de polarización en el país, incluso desde diferentes frentes, después de los previsibles resultados de las elecciones celebradas ayer.
Por una parte está la polarización política, lógica e inevitable, que es la consecuencia de un nuevo escenario electoral. Hasta enero, cuando asuman los nuevos legisladores, tuvimos un Órgano Legislativo dominado por el gobierno y prácticamente monopartidista. Su mayoría absoluta —que en un tiempo reciente de nuestra historia llegó a denominarse “rodillo parlamentario”— permitió, por una parte, que se tolere abusos por parte del Gobierno central, como, por ejemplo, librar de toda acusación a ministros simplemente levantando la mano; pero, por otra, permitió que avancen muchos proyectos que hubieran terminado bastante con un congreso con mayor representación opositora.
Ahora, en cambio, el próximo presidente tendrá que enfrentar a una oposición robustecida y, por lo tanto, más difícil de controlar. Y eso, por lo menos bajo la coyuntura de este día —pues de los políticos todo se puede esperar— representará una previa pugna parlamentaria antes de cualquier cambio para el país.
Pero hay otra polarización que es todavía más preocupante, la del campo/ciudad. Los resultados de las elecciones han demostrado una realidad innegable: el área rural votó por una persona en la que sus habitantes se sienten representados y el urbano hizo lo propio. Eso es lo que reflejan los resultados tan diametralmente opuestos en ese sentido.
Ahora bien, tomando en cuenta los antecedentes y el contexto en el que se desarrollaron estas elecciones, también resulta relativo decir que los ciudadanos votaron por personas porque, aunque parezca contradictorio, los resultados demuestran que, en grandes bolsones votantes —las ciudades— la gente no votó “a favor de…” sino “en contra de…”. Para decir las cosas por su nombre, un gran porcentaje de la votación que acumuló Carlos Mesa en los papeles no fue por él sino en contra de Evo Morales y eso amerita análisis aparte.
No se trata del odio al presidente, como el MAS se esforzó por propagandear en su inútil campaña, sino un obvio rechazo a la evidente violación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que el propio MAS aprobó —a las malas— en Oruro. Fue esa actitud la que motivó el rechazo de los sectores urbano y particularmente de aquellos que, casi despectivamente, son denominados “pensantes”. Eso explica, por ejemplo, que Mesa haya arrasado en países como Japón, China, Australia y España.
Entonces, no se votó por Mesa sino en contra de Evo. Como el expresidente era el que más se le acercaba en las encuestas, los votos lo favorecieron. Fue algo así como un voto castigo que se aplicó en todo el país por la violación constitucional.
Y, ya que de voto castigo hablamos, habrá que recordar que esa consigna se escuchó en el país, más o menos con fuerza, dependiendo de la región y las circunstancias. En Sucre se lo escuchó primero, cuando su gente deploró la pésima gestión de su alcalde y la del gobernador de Chuquisaca, involucrado en escándalos que hasta se ganaron el adjetivo de sórdidos.
En Santa Cruz pesó mucho el incendio de la Chiquitania. Con el bosque ardiendo, Evo no quiso ni ayuda internacional ni frenar los avasallamientos. Las urnas lo castigaron.
Pero donde se nota más el voto en contra, el castigo expresado en una papeleta electoral es Potosí. Las relaciones con la Villa Imperial se rompieron en 2010 y se fueron deteriorando desde entonces. Las urnas demuestran que sí, que el voto castigo ganó en Potosí.
Y ese es tema para otro análisis.



