“De ninguna manera los pueblos y naciones indígenas nos oponemos al desarrollo económico del país, pero sí rechazamos megaproyectos extractivistas, como son los megaproyectos hidroeléctricos Rositas, en la cuenca del Río Grande y Chepete-Bala en el Río Beni”, expresa su pronunciamiento de CODA.

Asimismo, en el pronunciamiento, también se refiere al proyecto hidrocarburífero en Tariquía y el proyecto carretero que pretende atravesar el corazón del Tipnis, y refrendan el rechazo refiriéndose a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“Rechazamos la vulneración de los derechos humanos y de los Pueblos Indígenas y exigimos al Gobierno estricto apego y cumplimiento de las Leyes, al no haber sido consultados previamente, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”, se subrayó en el pronunciamiento.

El documento publicado y distribuido por todos los medios de comunicación, información y redes sociales, hace hincapié en el respeto a la Madre Tierra, aspecto que siempre enarbola el mandatario Evo Morales en los foros internacionales.

Asimismo, se refiere que este tipo de megaproyectos tendrá consecuencias incalculables sobre la afectación a las áreas protegidas, perdida de las potenciales fuentes de aguas dulces y también la perdida de zonas productivas campesinas e indígenas en consecuencia a la soberanía alimentaria, según CODA.

En ese sentido, desestiman la información que ha vertido ENDE a las comunidades amedrentándolas y procediendo a la cooptación de sus dirigentes

“Rechazamos las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que desinforma a nuestras comunidades y las divide a través de amedrentamiento, cooptan a nuestros dirigentes, engaños y promesas para que se apoyen sus grandes proyectos, que solo benefician a las grandes transnacionales y los gobiernos de turno”, señaló.

Y por último encumbran la iniciativa popular que han emprendido las comunidades de los indígenas guaraníes ante el Tribunal de Garantías en la ciudad de Cochabamba el pasado jueves 29 de marzo.

“Aplaudimos la demanda de Acción Popular (…) presentada ante el Tribunal de Garantías (…) con el objetivo de detener la mencionada mega obra, cuya construcción no fue consultada previamente a las comunidades a ser afectadas (…)”, expresó el pronunciamiento.

Este documento fue suscrito para manifestarlo ante la audiencia que se suscitó el cuatro de abril, en la ciudad de Cochabamba.