En Cochabamba, hay 1.347 privados de libertad habilitados para votar en las elecciones generales, el domingo. Entre ellos, están autoridades municipales que sufragarán por primera vez en un penal.
Se trata del alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes; el exalcalde suplente de Quillacollo, Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga. Tienen detención preventiva en las cárceles de San Antonio, San Sebastián y San Pablo, respectivamente.
El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Delfín Álvarez, manifestó que el mecanismo de votación en las cárceles es el mismo que en los recintos electorales en unidades educativas. Señaló que también se eligieron jurados electorales que son los garantes de un proceso transparente.
Votación
Solo en las cárceles de El Abra, San Sebastián (varones) y San Antonio hay 836 internos habilitados para sufragar.
Respecto la habilitación de los privados de libertad para sufragar, detalló que son 187 en el penal de San Pablo, 134 en San Sebastián (mujeres), 280 en San Sebastián (varones), 217 en San Antonio, 178 en San Pedro de Sacaba, 339 en El Abra de Sacaba, y 12 en la cárcel de Arani.
Álvarez indicó que las mesas de sufragio en las cárceles serán habilitadas a las 09:00, como en todos los recintos electorales, pero el proceso de votación suele concluir más rápido puesto que los votantes están en un mismo ambiente.
Apuntó que también depende de la cantidad de personas que sufragarán, pero demoran entre tres y seis horas. Los resultados de las cárceles suelen ser los primeras en conocerse. “La mesa se abre hasta que el último interno habilitado emita su voto”.
OTROS
Hay autoridades que tienen detención preventiva y que deberán sufragar acompañados de sus custodios policiales.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Gómez; el alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida y el concejal de Demócratas, Édgar Gainza están en esa condición. Los primeros tienen esa medida sustitutiva a la detención preventiva sin derecho al trabajo. En cambio, Gainza cuenta con un permiso del juez para asistir a sus actividades laborales y frecuentemente debe solicitar esa autorización cuando no son horarios de oficina.
Las personas que tienen arresto domiciliario, según algunos abogados, deben tramitar un permiso ante el juez para salir de su vivienda por alguna situación.
Manifestaron que se sigue ese mismo procedimiento para que el votante, con detención domiciliaria, pueda ejercer ese derecho en un acto electoral, pero debe hacer el trámite con antelación puesto que la revisión tarda hasta 10 días, según informaron.
El Concejo Municipal de Cochabamba detalló los recintos electorales y los horarios en los que votarán las autoridades de ese ente, pero la única casilla que se encuentra en blanco es la del concejal Édgar Gainza. Se desconoce si el imputado tramitó la autorización o simplemente prefirió mantener en reserva esa información.
