Enviado por angela.marquez el Sáb, 19/10/2019 - 01:13
El 27 de mayo de 2014, Shirley Jhenny Lojo Viracochea, de 22 años, asistió al acto de entrega de la unidad educativa Carmen Guzmán de Mier, en Oruro.
Se acercó al presidente Evo Morales y desesperada le pidió ayuda. Alcanzó a decirle que vivía junto a sus siete hermanos y su madre en una habitación en alquiler, todos abandonados por su padre.
El Jefe de Estado reaccionó inmediatamente y le facilitó un monto de dinero que sirvió para pagar la deuda por la renta y víveres. Luego, instruyó a las autoridades de la Gobernación de Oruro colaborar a la familia con un terreno, sobre el cual se pueda construir una casa, dentro del plan gubernamental de dotación de viviendas.
Los papeleos y la construcción avanzaron hasta que Isabel Viracochea Gregorio, la madre de Jhenny, recibió la buena noticia: su casa estaba concluida y podía comenzar a habitarla.
El pasado día, Morales llegó hasta el nuevo domicilio de la familia y luego de recibir el cariño de los niños, formalizó la entrega de los títulos de propiedad y la llave del inmueble en manos de la emocionada madre.
En un contacto breve con los periodistas, la primera autoridad del país resumió la historia de la familia y anunció que el Gobierno decidió ampliar su programa de vivienda digna con grandes facilidades para madres solteras con tres hijos o más.
En una demostración de premeditación política, ese anuncio fue interpretado y denunciado por dos medios “aliados”, durante la campaña, como violación al silencio electoral. Para ese fin, dedujeron que el acto de la entrega de la vivienda a Shirley y su familia era “propaganda electoral”.
Los responsables de esos medios ignoraron adrede que la entrega de viviendas es un plan gubernamental en ejecución hace varios años y que, como en el caso de Oruro, hay aproximadamente 30 mil familias que se beneficiaron con casa propia gracias a esa gestión.
También dejan de lado el derecho que tienen a informarse las personas que acceden a esa modalidad de ayuda del Estado.
¿Cómo y cuándo esperan esos medios que las madres solteras con más de tres hijos se enteren de que el Gobierno prepara un plan especial para dotarles de viviendas?
Los responsables de esta campaña de desprestigio prefieren ignorar que el ciudadano también tiene derecho (constitucional) a informarse, conocer y saber qué es lo que hace su gobierno. Eso no es propaganda. Es simplemente el ejercicio de un derecho.
Se disfrazan de vigilantes “independientes” del silencio electoral, pero en realidad actúan como operadores y cooperadores políticos con un interés, a estas alturas, indisimulado.
Identifican que hay campaña en las redes sociales, pero no mencionan que esa propaganda es de un partido al que promueven como principal opositor; claro, sería como describir lo que ven en el espejo.
Difunden mensajes tendenciosos disfrazados de opiniones de “analistas políticos” que en realidad son “políticos analistas” que descaradamente promueven el rechazo al voto a favor del candidato principal.
Lo que es peor, aplican un sesgo tan notorio como su afán de estigmatización. Denuncian que las autoridades en la entrega de obras “llevan guirnaldas (como si eso significara pedir el voto)”, pero se tapan los ojos y oídos cuando el Gobernador de La Paz, también postulante, hace anuncios de gestión.
Concluiremos que para un par de medios instrumentalizados políticamente el “silencio electoral” que esperan es el silencio del Estado reducido al lema neoliberal del “dejar hacer, dejar pasar”.
