EL DEBER

En las Elecciones Generales de este domingo participarán 7.315.364 votantes bolivianos dentro el territorio nacional y 341.001 ciudadanos en el exterior. En la historia democrática del país, la semana previa a los comicios se marcó un hito importante, los 10 años de vigencia del padrón electoral biométrico. El actual Tribunal Supremo Electoral destaca el avance en esa área y al mismo tiempo admite que las flaquezas en el área legal del ente electoral, que en ese tiempo no ha logrado introducir leyes para definir milimétricamente la frontera entre información de gestión y propaganda electoral.
La Ley 4021, aprobada por el Congreso Nacional el 14 de abril de 2009 y promulgada por el presidente Evo Morales en la misma fecha, determinaba que el Órgano Electoral debía conformar un nuevo Padrón Nacional Electoral mediante un registro biométrico para las elecciones del 6 de diciembre de 2009. Esto significaba que ese registro, además de los datos personales de la ciudadana o ciudadano (nombres y apellidos, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, dirección, etc.), tenga incluidas sus características biométricas: huellas dactilares de los diez dedos, fotografía digital y firma.
El vicepresidente del actual Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, quien fue el principal promotor de esta iniciativa, recuerda que en los meses previos una profunda crisis asediaba a la Corte Nacional Electoral (CNE). Eso coincidió con el hecho de que el mandato presidencial se había acortado por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y se venían los comicios.
El expresidente José Luis Exeni renunció en mayo de ese año, pero dejó una propuesta “que parecía la solución pertinente, de hecho, entre las propuestas que yo tuve en mi postulación era justamente organizar una Padrón Electoral Biométrico. En abril se produjo la crisis, el presidente Evo Morales ingresó en huelga de hambre porque no se promovía la ley. Al final, no muy de agrado de mi colega Exeni, pero con la decidida acción de la vicepresidenta de entonces, doña Amalia Oporto y mi persona se promovió la Ley 4021”.
La norma aprobada en abril tenía un desafío complejo. Se hizo un proceso de licitación de la empresa que proporcionaría el software para el proyecto, y se declaró desierta. “Se reformuló el procedimiento, contratamos una empresa para que nos dio todo el equipamiento del biométrico y el soporte. El operativo lo realizaron conjuntamente la Corte Nacional Electoral y las cortes departamentales electorales, esa fue la clave del éxito”.
El Padrón Electoral tuvo tres pilares fundamentales, según Costas: La compra de una tecnología y un soporte adecuado, una estrategia de movilización y motivación a la ciudadanía para atraer su registro y un esquema de comunicación que hizo que el ciudadano se empodere. “Transversalmente a eso se generó un sistema de monitoreo adecuado. Por un lado, para la asistencia rápida para los incidentes para reemplazar los equipo que presentaran fallas y también un sistema de monitoreo a la producción, a los registros diarios”.
Hoy el padrón superó los siete millones de personas, la CNE en su primer registró, hace 10 años fue más allá de los 5 millones 200 mil en 75 días. Los 1.800 equipos estaban distribuidos en brigadas y ese ha sido el proyecto más grande de registro que se ha tenido y con más de diez mil funcionarios.
En 2017, el padrón electoral atravesó por su examen más riguroso, la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA). “Nos ha mostrado que esta ha sido una construcción muy robusta que se mantiene en términos generales de la misma manera. A partir del 2007 tenemos registro, permanente, o sea, los criterios que existen dentro de una instancia colegiada hace que el avance no sea tan efectivo como esperamos, ya no debería haber empadronamiento permanente o mejor dicho masivo, debería haber solamente empadronamiento permanente”.
Uno de los problemas que alertó la OEA en esa ocasión fue la presencia de casi 50 mil carnets duplicados, dentro del padrón electoral. El TSE informó el mes pasado que se redujo esa cifra a 16.000 carnets.
Otro problema fue que hay la posibilidad de que aparezcan casos de personas fallecidas que figuren como habilitadas para las elecciones generales del 20 de octubre. En este caso, el ente electoral explicó que principalmente en el área rural las familias no realizan el trámite del certificado de defunción cuando muere un familiar, y por este motivo se presentan estos problemas.
“Las flaquezas”
El TSE apuesta ahora por conseguir la certificación ISO Electoral, que según Costas implicaría “un reacomodo de toda la institución. Hemos cambiado desde la organización que estaba orientada a actividades con un grado muy alto de improvisación, hoy tenemos estructura institucional, tenemos un servicio de procesos electorales con su dirección que orienta todo el proceso, tenemos un área del Sereci que está específicamente ordenada por procesos. Pero tenemos flaquezas en el área jurisdiccional y hay que dar más impulso a esa área”.
Cuando se le preguntó al vocal cómo se puede mejorar el área jurisdiccional, explicó que “hay que hacer más normativa, más desarrollo reglamentario, las normas que nos rigen. Por ejemplo, si hubiera un desarrollo jurisdiccional de justicia electoral más eficiente y más completo, les diríamos a los candidatos para que no se confundan, no se equivoquen, esto es información de gestión, esto es campaña electoral y esto es propaganda electoral. Que no se deben usar los bienes del Estado y la ley es muy laxa”.
En resumen, Costas advierte que el área técnica ha crecido y se ha desarrollado, pero que en estos 10 años el área de promover leyes para evitar abusos de los contendientes en una campaña electoral no ha avanzado. “En este tiempo, que dejamos de ser Corte Nacional Electoral y funcionamos ahora como Tribunal Supremo Electoral, esta área legal no se ha desarrollado adecuadamente, creo que hay un gran déficit, pese a que en la sala hay muchos abogados, será la deuda pendiente de ellos, o cuando vengan los reemplazantes, deberán fortalecer”.