Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, pretendió aplicar un ‘impuestazo’ al salario con el pretexto de reducir el déficit fiscal y superar la crisis económica. Esa medida derivó en protestas y en el enfrentamiento entre policías y militares, en febrero de 2003, que ocasionó 34 muertos y más de un centenar de heridos.

Meses después, en octubre de ese año, ante la intención gubernamental de exportar gas vía Chile rumbo a Estados Unidos se volvieron a movilizar las organizaciones sociales, especialmente en la ciudad de El Alto. 

El gobierno de Goni y De Mesa decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas, lo cual ocasionó 67 muertos y más de 400 personas heridas.

Ante esa situación, después de nueve días de iniciada la masacre y la radicalización de las protestas, Goni oficializó su dimisión y partió a Estados Unidos, donde buscó refugio. Ese día, viernes 17 de octubre de 2003, asumió De Mesa, que gobernó hasta el 9 de junio de 2005, cuando presentó su renuncia irrevocable.

Promesa

El 18 de octubre, un día después de asumir la presidencia, De Mesa subió a la Ceja de El Alto, donde frente a una multitud prometió: “Ni olvido ni perdón, justicia”. La población lo aclamó por la contundencia de sus palabras. El gobierno “se comprometió a investigar los hechos hasta esclarecer el tamaño y las circunstancias del genocidio”, según La memoria testimonial de la Guerra del Gas, publicada por la Comisión Pro Justicia y Paz, en 2004.

Los familiares y las víctimas de los cruentos hechos tuvieron que realizar una serie de acciones para lograr que el gobierno comience a desembolsar “las compensaciones de 50 mil bolivianos para las familias de los caídos. A eso se sumaron 5.000 bolivianos para los gastos funerarios”.

“Los que no hallaban una salida eran los heridos, motivo que los llevó a instalar otro piquete de huelga de hambre en las puertas del Viceministerio de Justicia (...) Los heridos se  dividieron en grupos de leves y graves, clasificación que arrojó montos distintos de compensación, previa valoración médica”.

Juicio a Goni

La demanda de un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y a sus principales colaboradores, especialmente Carlos Sánchez Berzaín, su ministro de Defensa, siempre estuvo presente, pero las solicitudes de extradición planteadas por el gobierno del presidente Evo Morales no prosperaron por la falta de respuesta del gobierno estadounidense, primero de Obama y luego de Trump.

Sin embargo, ocho familiares de víctimas instauraron una demanda contra Goni y sus colaboradores en un tribunal de EEUU en 2007, y el juicio oral llegó después de 11 años, en marzo de 2018. De Mesa, que fue propuesto como testigo, no quiso ir a declarar, lo que fue considerado por Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, como “cobardía” porque su declaración era fundamental, “ya que nos daba la perspectiva de alguien que estaba dentro del Estado, de cómo se dio la violencia pensada por Carlos Sánchez Berzaín y otros actores”.