Fernando Rojas, presidente de la asociación de cabildos indígenas, fue el encargado de leer  las cinco resoluciones, que se aprobaron en las puertas de la catedral cruceña.    

Como primera medida, los originarios determinaron denunciar, mediante una comisión jurídica, ante las Naciones Unidades,  la violación de los derechos humanos de la Madre Tierra, ante el  incendio que devoró  más de cuatro millones de  hectáreas de la Chiquitania y la Amazonia boliviana.

 La segunda resolución –anunciaron–  es iniciar una demanda penal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Gobierno, del ministerio de Desarrollo Rural, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

 El objetivo de la acción penal –explicaron– es “dejar sin efecto la distribución de tierras fiscales y la autorización de asentamientos humanos a los colonos”.

  La tercera resolución es  la de  denunciar al presidente Morales  ante el Tribunal Internacional de la Naturaleza, en busca de que se sancione al Jefe de Estado,  “por no haber declarado desastre nacional ante los devastadores incendios y (no haber) permitido la ayuda internacional oportuna”.

  De concretarse la demanda, sería la segunda que se interponga contra Morales ante  ese tribunal. Esa  instancia que fue impulsada en la cumbre  de Tiquipaya (Cochabamba).

 El primer caso contra el Jefe de Estado en ese estrado  fue interpuesto por  los originarios  del Territorio Indígena y  Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por deforestar y promover la construcción de una vía por medio de la  reserva natural.

En mayo de este año, ese alto tribunal concluyó que el Estado Plurinacional de Bolivia “ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Tipnis en calidad de defensores de la Madre Tierra”, y emitió sanciones contra el Gobierno. 

   Otras resoluciones 

Asimismo, los nativos determinaron “tomar acciones de hecho” en coordinación con sociedad civil para hacer respetar sus territorios, de acuerdo a sus usos y costumbres.  

La última determinación  es la de exhortar a la comunidad internacional  que brinde apoyo para  la defensa de los bosques y  la existencia de los pueblos indígenas.  

Las resoluciones en defensa de la Madre Tierra fueron aprobadas por los más de 200 indígenas,  quienes,  notablemente cansados, algunos descalzos y cargados de troncos corroídos por el fuego,   llegaron ayer a  la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz,  en medio de aplausos.  

Los indígenas también demandan la abrogación de  la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de 2019, que da vía libre al desmonte y quema “controlada” de bosques para las actividades agropecuarias. 

“Hemos marchado más de 480 kilómetros desde San Ignacio de Velazco hasta la ciudad de Santa Cruz, por más 30 días de caminar sin tener ningún contacto con el Gobierno. Son más de cuatro millones de hectáreas de bosques y animales consumidos por el fuego”, expresó Julio Egüez, gran cacique del municipio de San Rafael de Velasco. La autoridad originaria  lamentó el desinterés del Gobierno para atender sus demandas.  

   Desde que inició la marcha indígena, el Gobierno   no mostró señales para la instalación de  una mesa de diálogo, o para la atención de las demandas de los indígenas.

Sin importar esa postura, ayer  los indígenas ratificaron  que no se rendirán y continuarán su lucha en defensa de la Madre Tierra. “El Gobierno a través del INRA autorizó más 1.800 nuevos asentamientos, como nuevas comunidades, en la Chiquitania, pese a ello, seguiremos en nuestra lucha”, manifestó Egüez.

Tomás Candia, ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, cuestionó la falta de un  consenso entre  las autoridades y  los habitantes de los territorios indígenas,  para la dotación de tierras a colonos.

La marcha indígena partió el pasado  16 de septiembre desde San Ignacio de Velasco, tras la tragedia que soportó la Chiquitania,  con la quema  de hectáreas de tierras forestales y pastizales devoradas por el fuego.