Se acusa al MAS de haber dilapidado la mayor racha que haya tenido el país en su historia. No es para menos, pues estamos hablando de una suma astronómica: más de 300 mil millones de dólares en menos de 15 años, con precios quintuplicados, con ingresos multiplicados por ocho en algunas gestiones y con un contexto internacional que posiblemente no se repetirá en varias décadas, o tal vez nunca.

Con esa cifra hubiera alcanzado para transformar radicalmente el país y no hacer simples maquillajes que llenan de orgullo al “proceso de cambio”, como haber reducido la extrema pobreza, “hazaña” que se pudo conseguir con la repartija de algunas migajas. Hablamos de haber creado una matriz productiva que nos saque del extractivismo, la monoproducción y la fragilidad; nos referimos a haber creado un sistema educativo de la misma calidad de aquellas naciones que han salido de la pobreza gracias a sus recursos humanos; hablamos de que hubo plata para conseguir una salud de lujo, para que la gente tenga empleos dignos y deje de soñar con un bono de 200 bolivianos, una pega en el Gobierno o un desayuno gratis.

Al Gobierno se le puede perdonar la corrupción y la permisividad con el narcotráfico, pues en Bolivia abundan las colas de paja y es difícil pedirle al diablo que venga y escoja. Pero lo que no se puede admitir es que además de ese derroche descomunal, el régimen tiró por la borda otro invalorable capital, consistente en un enorme consenso nacional, un inmenso acuerdo, una impresionante suma de voluntades que estaba orientada a profundizar la democracia, a cambiar la justicia, a conseguir una estructura sostenible y encaminar el país hacia la derrota de la pobreza y el desarrollo. 

Pocas veces ha sucedido en la historia que los bolivianos se pongan de acuerdo. No sucede a menudo, aunque afortunadamente tenemos la gran oportunidad de volver a sintonizarnos con una convicción y con una utopía que está presente en el país desde la recuperación de la democracia en 1982.

El domingo hay una elección, pero más que eso, se trata de un referéndum, mucho más importante que el de febrero de 2016. Se trata de decidir por la dictadura o por la democracia, por la tiranía o la libertad, por el caos o por un camino de restauración de la institucionalidad, de la justicia y del Estado.

Ese pronunciamiento debe ser lo suficientemente fuerte y claro como para convencer a los aventureros del poder de que no tienen otra opción más que irse civilizadamente y dejar al país en manos de ciudadanos que están recibiendo más que un mandato, pues se trata de una misión imprescindible de salvar el estado de derecho.

Nadie está votando simplemente por un plan de gobierno, por afinidad ideológica o por el carisma de un candidato, sino por la única opción que es capaz de contener y de llevar adelante ese gran consenso nacional que comenzó a formarse el 21 de febrero de 2016 y que ha cobrado una fuerza llamada a superar los intentos de convertir a Bolivia en Cuba o Venezuela.

Nadie está votando simplemente por un plan de gobierno, por afinidad ideológica o por el carisma de un candidato, sino por la única opción que es capaz de contener y de llevar adelante ese gran consenso nacional que comenzó a formarse el 21 de febrero de 2016 y que ha cobrado una fuerza llamada a superar los intentos de convertir a Bolivia en Cuba o Venezuela.