A escasos tres días de la verificación de los comicios generales, el país fue testigo del desarrollo de seis cabildos departamentales que son avalados por la Constitución Política del Estado (CPE) y que emitieron resoluciones, casi coincidentes, entre las que destacan: respeto a la democracia, federalismo, desobediencia civil, abrogar normas que atentan contra la naturaleza y distribución de regalías, entre otras.

Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro hicieron conocer su descontento a las acciones gubernamentales en multitudinarias concentraciones, que al ser consultadas sobre las demandas las aprobaron de forma categórica, al unísono de “aprobado”.

Las generales de este domingo, por estas expresiones populares, están antecedidas por un panorama conflictivo que no se habían registrado en anteriores procesos electorales. La violencia se apoderó de algunos cierres de campaña, que dejó varias personas afectadas.

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, explicó que el cabildo es para darle la oportunidad a la sociedad civil para que pueda expresar su indignación ante la situación crítica que vive el país, donde un Gobierno ha reducido la democracia a su mínima expresión.

El Ejecutivo minimizó estas expresiones populares y las tildó como simples cierres de campaña.

Efecto normativo

El cientista político Jorge Dulon Fernández señaló que estas movilizaciones se caracterizan por la reivindicación de los derechos de los bolivianos, que consideran que están siendo vulneradas por políticas que aplica el Gobierno.

La postura oficialista de minimizar o confundir el cabildo con cierres de campaña, fue cuestionada por Dulon al sostener que los cabildos no son sólo instancias simbólicas, toda vez que tienen un efecto normativo, amparado en normas, porque se reconoce este proceso en la Carta Magna, la Ley de Régimen Electoral.

“Hay que definirlos como un mecanismo de participación ciudadana que está normado, son un mecanismo legítimo y legal, cuyas resoluciones deben ser tomadas en cuentan por el gobierno central o las autoridades emplazadas”, afirmó.

El Gobierno justificó su oposición a los resultados que emanaron de estas consultas populares por no cumplir con un requisito.

“Dijeron que como no hubo ninguna autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se pueden considerar legales sus resoluciones, o sea, no vale porque no se han cumplido todas las condiciones”, explicó.

“Nos están dando señales que hay un ciclo que está terminando y que hay un ciclo que piden renovar el sistema”, sostuvo por su parte el politólogo Marcelo Silva.

Federalismo

Santa Cruz, Potosí y Tarija son los departamentos que expresaron la necesidad de implementar un Gobierno federal, bajo el argumento de que el centralismo ha sido ineficiente en la consideración de importantes temas, por lo que es de urgencia que las regiones tengan competencias más flexibles que les permitan obrar con prontitud, efectividad, y de acuerdo a su realidad y coyuntura.

“Hace una década atrás se formó la media luna, ahora se ha formado la luna entera que son expresión de estos cabildos, que le dan el derecho a los ciudadanos de exigir su nuevo futuro. Estos cabildos se hicieron porque estamos cansados de pedir, de exigir y llegó la hora de decidir”, señaló el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el cabildo de Tarija que se llevó adelante ayer.

Cabildos en Tarija y Oruro

Ayer, en la plaza Luis de Fuentes de Tarija se congregaron miles de personas para participar del cabildo denominado “Por la democracia y defensa de la reserva de Tariquía”. En el evento se aprobaron cinco puntos: la abrogación de decretos que autorizan el ingreso a Tariquía, la desobediencia civil en caso de fraude electoral, iniciar el camino a una Tarija federalista, respeto al 21F y respeto a la democracia.

En Oruro, cientos de ciudadanos participaron en una masiva concentración en la avenida 6 de Agosto, en el cabildo convocado por el Comité Cívico.

El cabildo trató temas referidos al litio y los recursos evaporíticos naturales, la derogación de la Ley Minera 535, las regalías de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia, la modificación a la Ley 3316 del Puerto Seco, respeto a la Constitución y la democracia.