Ayer se conoció que luego de ocho años, el pasado 24 de febrero la CIDH admitió el "derecho de petición" presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos. Tádic fue detenido durante el asalto al hotel y estuvo casi cinco años preso hasta que, mediante un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable y fue liberado.

La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Evo Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad. Morales dijo que dio la orden de realizar el operativo, que terminó con la vida de tres personas.

El fundamento de la resolución de admisión de la CID refiere la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés Michael Dwyer en el operativo del hotel Las Américas, que de ser probada podría generar responsabilidades por tortura y violación del derecho a la vida. Tales delitos no prescriben y son perseguidos internacionalmente.

Junto con Dwyer fueron supuestamente ejecutados también el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi.

EL GOBIERNO

Consultado sobre la admisión de la denuncia por parte de la CIDH, el ministro de Gobierno Carlos Romero aseguró que equivale a "pretender juzgar al Presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas".

Según la CIDH, existen elementos que dan cuenta que en el caso del hotel Las Américas se incurrió en los delitos de ejecución extrajudicial, detención indebida, secuestro judicial precedido de torturas para obtener testimonios y confesiones que sumados constituyen serias violaciones a los derechos humanos.

Antes de emitir la resolución de admisión, la CIDH procesó todos los elementos aportados por los peticionarios y convocó al Estado boliviano para que presente los descargos respectivos, aunque inicialmente demandó la falta de competencia de esta instancia.

Según Romero, "es un caso de la justicia boliviana, que es la que actúa primero en resguardo del interés boliviano".

Dijo que el proceso fue obstruido por "cientos de incidentes recursivos, presentados por los separatistas que ponían bombas para partir a este país en dos, porque no querían convivir con indígenas".

Romero calificó los hechos del denominado caso terrorismo como "un pasaje negro de la historia de este país".

"Se inventaron luego que el Gobierno armó para deshacer a la oposición, esos separatistas fueron traídos del exterior, les financiaron armas, estadía, logística, dibujaron Bolivia y Santa Cruz para ver cómo atacarnos, anunciaron la autonomía en consonancia con los más radicales para evitar que el proceso de cambio se consolide en el país", agregó.

En el caso de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Guedes la demanda refiere la falta de protección judicial efectiva y posibles violaciones a la integridad personal y la libertad personal.

La CIDH también observa la supuesta aplicación retroactiva de normas, la confiscación de bienes personales, y la aplicación irregular de la prisión preventiva.

"Eso no tiene ningún propósito" dijo Romero y anunció que "vamos a defender ante quien sea y si tenemos que volver a presentar los instrumentos probatorios lo vamos a hacer".