Tádic junto a Elöd Tóásó fue capturado con vida en el operativo del Hotel Las Américas del 2009 que acabó con la desarticulación de una célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa. En ese hecho perdieron la vida Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi que fueron vinculados junto al resto a un intento de dividir Bolivia.

El “derecho de petición” que significa un pedido de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, fue presentado el 21 de septiembre de  2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Tádic Astorga y otros. El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2011, reportó Erbol.

Detalló que se denunció violaciones de derechos humanos, del proceso penal y la aplicación de normas de forma retroactiva, entre otros.  En su fundamento cita la ejecución extrajudicial del irlandés Dwyer como resultado de las acciones policiales en el operativo desarrollado en el Hotel Las Américas y la falta de investigación.

Los dos sobrevivientes del operativo de ese 16 de abril de 2009 se acogieron a un proceso abreviado tras admitir su responsabilidad y, una vez cumplieron su sentencia salieron libres y abandonaron Bolivia. Mientras que varios otros permanecen en un juicio penal acusados de varios delitos por su participación directa o indirecta en el llamado caso Terrorismo.

Romero anunció que el Gobierno defenderá al Estado en cualquier instancia y recordó que el grupo de mercenarios fue traído del exterior por personas que financiaron su traslado, armas, estadía y logística para su movilización.

“Si tenemos  que defender al Estado boliviano y la unidad de la patria lo vamos a hacer y lo vamos a sostener ante quien sea. Si tenemos que volver a refrescar la memoria colectiva para recurrir a los instrumentos contundentes probatorios de la existencia de esos hechos lo vamos a hacer nuevamente ante quien sea”, sostuvo.

El documento de admisión no obstante no aparecía en la página web de la CIDH hasta la tarde de este martes.

El grupo separatista operó en momentos de alta conflictividad en Bolivia en contra del gobierno del presidente Evo Morales. El operativo terminó desarticulando a la organización, mientras que la investigación que activó vinculó a los hechos de separatismo a la cúpula político empresarial cruceña, mucho de sus integrantes huyeron de Bolivia.

El juicio persiste y su demora, según Romero, está motivad entre otras causas por los incidentes presentados por los acusados.

“Separatistas que ponían bombas para matar gente y partir este país en dos porque no querían convivir con collas, porque no querían convivir con indígenas, es una realidad, lamentablemente un hecho negro de la historia democrática”, insistió.