Dentro de cinco días, el próximo domingo, los bolivianos elegiremos a nuestros nuevos gobernantes. Lo haremos muy a pesar de las muchas dificultades que pusieron en el camino quienes no confían en la voluntad de la ciudadanía y todavía creen que las fórmulas autoritarias son las más adecuadas para conducir a los pueblos.

Más allá de los resultados que arrojen las urnas al finalizar la jornada electoral, la participación de la ciudadanía será la más elocuente ratificación de nuestra decisión de que sea sólo a través del voto ciudadano que se diriman las disputas políticas en nuestro país. 

Lamentablemente, con demasiada frecuencia, los actores políticos no han sabido ponerse a la altura de la voluntad democrática que desde hace casi cuatro décadas es la predominante en la sociedad boliviana. Han sido tentados por modelos autoritarios de ejercicio del poder, tentaciones que, no sin dificultades, fueron enfrentadas por la clara adhesión de la ciudadanía a la democracia.

A partir de 2006, con la confluencia de tres factores: el inicio de un prolongado período de bonanza económica (probablemente el más largo y más rico de la historia del país) luego de un largo periodo de recesión; la elección como presidente de Bolivia de un dirigente campesino-indígena, proveniente del sector cocalero, y el resurgimiento en la región de una corriente genéricamente denominada populista, se dio inicio a un proceso político-ideológico caracterizado por un fuerte cuestionamiento al modelo liberal democrático que se fue gestando desde 1982, promoviendo, más bien, sistemas personalistas de ejercicio del poder, tendientes al autoritarismo.

En ese cambio, se ha subvertido la precaria institucionalidad democrática creada desde 1982. El ejemplo más claro, pero no único, es el Órgano Electoral. Hasta 1992, su conformación estuvo en manos de las circunstanciales mayorías políticas, pero desde ese año hasta la actual gestión se acordó dar plena independencia política a sus miembros, elegidos básicamente por sus meritorios antecedentes profesionales y morales. Este espíritu, lamentablemente fue roto y nuevamente, aprovechando su renovación por mandato constitucional, se retomó el espíritu de que la composición del Órgano Electoral dependa de las mayorías políticas. Por eso, el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones más cuestionadas.

Pese a ello, hay que insistir, la participación ciudadana sigue siendo la principal fortaleza del sistema democrático. Y una amplia participación también puede ser interpretada como la decisión de exigir, luego, la correspondiente rendición de cuentas.