La cooperativa aurífera Ullakaya Condoriri exige la devolución de las 50 cuadrículas explotadas ahora por los comunarios.

"Se produce un sistema ´sui géneris´. Las cooperativas mineras incorporan a las comunidades para que desarrollen actividad minera y en el corto tiempo las comunidades adquieren la destreza productiva y usan a las cooperativas (Para producir oro)", señaló Navarro a ANF.

La autoridad expresó que ello aconteció en el río Chaquety de Arcopongo, donde las comunidades se han organizado como cooperativas mineras.

Consultado de por qué el Estado no intervino el avasallamiento y la explotación ilegal de esa zona, reservada para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dijo que las comunidades solicitaron recibir la titularidad sobre las 50 cuadrículas.

Sin embargo, Navarro no mencionó que el derecho preferente sobre esas 50 cuadrículas lo tiene la Cooperativa Aurífera Ullakaya Condoriri, tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, ni que existe un proceso contencioso ante la Corte Suprema de Justicia contra la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM).

"Lo que sucede es que cuando tienes una buena cotización, tienes estabilidad productiva, pero también tienes ambición de avasallamiento, porque muchos consideran que es su oportunidad para desarrollar su actividad productiva. Entonces (Aparece el fenómeno de) los ´agromineros´, que son mineros y son agricultores al mismo tiempo", aseguró Navarro.

Navarro explicó que se ha establecido la adecuación de contratos en función a los volúmenes de las reservas existentes y destinarlas al sector privado, estatal o cooperativista, según cada caso.

"Debemos saber cuáles son las áreas de prioridad para la inversión estatal o privada y cuáles tienen menores reservas para la actividad cooperativista. Las cooperativas producen entre 10 y 50 toneladas al día y nosotros necesitamos inversiones (Para superar) las 4.000 o 5.000 toneladas día", señaló. Estas últimas darían al sector privado o estatal.



SIN SANCIÓN

La AJAM no sólo que no pidió a la fuerza pública intervenir las 50 cuadrículas que son explotadas de manera ilegal en Inquisivi, que no cuentan con derecho minero, licencia ambiental, ni pagan regalías al departamento de La Paz, sino que pidió su regularización.

Por ello solicitó el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de La Paz (Sifde) del Tribunal Electoral Departamental, sobre una consulta previa para la explotación del oro por parte de los comunarios.

El Tribunal Electoral dijo que la consulta no fue previa, informada, ni concertada, lo que permitió a la cooperativa Ullukaya Condoriri solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la realización de una nueva consulta.

Las cooperativas que están bajo control de las comunidades son Villa Santiago Crestón, Chaquety Plaza, Elena Pampa, Río Chaquety y Palma Flor, afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin). Han sido denunciadas no sólo por explotar las 50 cuadrículas mencionadas, sino también por comercializar de manera ilícita el oro que extraen a gran escala.

Los extremos denunciados no fueron desmentidos por la AJAM, que ante el requerimiento de información por parte de ANF, se limitó a señalar que "las denuncias de explotación minera se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público".

Al respecto, se conoció que la Fiscalía de Quime rechazó la denuncia interpuesta por el representante de la cooperativa de Ullukaya Condoriri, Francisco Eugenio, quien también señaló que cuenta con testimonios de comunarios que aseguran que las autoridades mineras del nivel nacional reciben sobornos de las cooperativas denunciadas para no hacer prevalecer la ley.