La pasada semana, dos comunidades indígenas guaraníes (Tatarenda Nuevo y Yumao) interpusieron una acción popular contra la construcción de la megaobra Rositas en el departamento de Santa Cruz.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

La disposición del tribunal establece que mientras se realice la audiencia que resolverá el fondo de la acción popular "como medida cautelar en aplicación del artículo 34 del CPC (Ley 254), se dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se abstenga de realizar cualquier actuación jurídica y/o administrativa sobre los hechos de la presente gestión".

El Juzgado Público Quinto en Materia Familiar, constituido en Tribunal de Garantías, expresó además que admite la acción popular "de conformidad con lo previsto por los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado y los arts. 65 y siguientes de la Ley 254 de 5 de julio de 2012".

"Hasta el día de la audiencia pedimos medida cautelar para que se suspendan todas las actividades de ENDE, como administrativas, jurídicas, contratación de personal, mientras no se resuelva el recurso", sostuvo el abogado de las comunidades, Nelson Lamadrid.

El Gobierno asegura que esta obra es crucial para el desarrollo de Santa Cruz y para poder exportar electricidad a Brasil. El proyecto pretende generar más de 500 megavatios (MW) de electricidad con el aprovechamiento de las aguas de la cuenca del río Grande.

El 15 de septiembre de 2016 se adjudicó la construcción a la empresa china Asociación Accidental Rositas, asociada a ENDE, por mil millones de dólares que en un 80% será financiado por el banco Eximbank de China y el resto con fondos del Estado.

La indígena Ena Taborga, expresó su satisfacción porque se haya admitido el recurso, no obstante dijo que se debe esperar la audiencia donde se resolverá el asunto en el fondo.

Insistió que de consolidarse el proyecto existe el riesgo que las dos comunidades mencionadas queden inundadas con graves consecuencias humanas, sociales, económicas, culturales y medioambientales.

Lamadrid anticipó que en la futura audiencia, que todavía no tiene fecha, se defenderá los convenios internacionales y la Constitución Política del Estado, que establecen que no se puede realizar una obra de magnitud sin antes efectuar una consulta previa a los indígenas que podrían ser afectados.

"Se siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, no se ha hecho la consulta, se firman contratos, se firma con empresas, siguen entrando a las comunidades", alertó el abogado Lamadrid.

Anunció que la audiencia podría realizarse la próxima semana dependiendo de la notificación a ENDE que es el recurrido en el caso. Los demandantes son: Taborga, Benito Changaray, Eli Zárate y Braulio Álvarez.