La Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene anunciada la presencia de observadores durante la realización de las elecciones del 20 de octubre, que deben efectuarse en el país para la conformación de los Órganos ejecutivo y legislativo (antes denominados con mayor propiedad: poderes). La información no deja de ser importante pues se trata de un organismo internacional conformado precisamente por los países de la región que tienen denominadores comunes en cuanto a ser o tener regímenes de gobierno y objetivos como los de “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención” (artículo 2.b). Algo más, en la IX Conferencia Internacional Americana “los pueblos de América afirman el principio de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, una declaración sustancial que da poco margen a las veleidades del populismo.    

Sin embargo, con ser importante esa misión, resulta que al mismo tiempo y en cierto modo, desvirtúa los principios y objetivos democráticos de la Organización, pues su presencia no es más que un gesto de conformidad a un proceso electoral donde el oficialismo vulnera abiertamente tales principios  e infringe la Constitución boliviana, especialmente aquellos preceptos en los que están enunciados la alternabilidad y la representatividad democrática, algo que lamentablemente no se da en el proceso electoral próximo y sí, más bien, se busca el continuismo o prorroguismo, formas nocivas que dañan a la democracia, algo típico de los sistemas autoritarios.

Ahora bien, si bajo estas condiciones, ajenas a las prácticas democráticas, se diera el triunfo de la candidatura oficial (presidente y vicepresidente de la República), sería a costa de incurrir en un vicio sustancial y formal desde su origen que desvirtúa totalmente el sentido democrático que debe tener todo proceso electoral de esta naturaleza. Por ello, lo que ahora interesa prioritariamente, es la posición que adopte la misión de la OEA, aunque al parecer estaría - en este caso como en otros – reducida simplemente a una visita de rutina que la justifique y cuando apenas pueda limitarse a “observar” deficiencias o irregularidades en la emisión del voto, mientras que subsiste la cuestión de fondo como es la vulneración a normas constitucionales y de la propia OEA en este acto electoral (20 de octubre), en tal proporción o magnitud que signifique una causal para invalidar la fórmula del oficialismo. No olvidemos que la OEA es una instancia que no puede comprometerse en un proceso electoral, o convalidarlo si es que se pretende a través de él, justificar la continuidad violatoria de un régimen de gobierno. Por el contrario, y de acuerdo con sus objetivos, ella debe actuar en resguardo de sus propios principios que la sustentan, como la promoción y protección de los derechos humanos, premisa fundamental para la existencia de una sociedad democrática.