Para facilitar y hacer más efectivo el ejercicio de ese derecho y obligación, las leyes vigentes delegan a los partidos políticos y a las agrupaciones ciudadanas una parte muy importante de la responsabilidad. Les da la tarea de nombrar a por lo menos una persona que los represente en todas y cada una de las mesas de sufragio, en todos y cada uno de los recintos electorales en todo el territorio nacional.

Es tan bueno ese procedimiento que si se lo aplicara como es debido no habría ninguna posibilidad de fraude electoral. Sin embargo, y tal como ocurre en otros asuntos, la realidad suele ser muy diferente de lo que mandan las leyes. Por eso, la sombra de la desconfianza y el temor de actos fraudulentos no deja de ser un ingrediente principal de procesos como el que está a punto de llegar a su culminación.

Para que eso ocurra confluyen dos factores a cuál más atentatorio contra la buena salud de nuestro sistema democrático. Por una parte, está el envilecimiento del que ha sido víctima el Órgano Electoral como consecuencia del desenfrenado afán con que el Órgano Ejecutivo ha intentado durante los últimos años reducirlo a la condición de una repartición más a su servicio.

Por otra parte, y tan o más dañina que el anterior factor, está la incapacidad de los partidos y agrupaciones ciudadanas de la oposición que durante los últimos 14 años no han sido  capaces de ejercer los derechos y obligaciones que les corresponden como protagonistas principales de la vida democrática.

Ante tales circunstancias, sólo queda esperar que sea la ciudadanía la que independientemente de sus afinidades políticas vuelva a ser el próximo domingo, tal como lo viene siendo desde hace 37 años, la más celosa vigilante y principal garantía de la transparencia de los resultados que arrojen las urnas. Y si alguna sombra de duda quedara al final del acto, la culpa tendrá que ser repartida entre las partes contendientes porque todas, unas por acción y otras por omisión, habrán contribuido a ese resultado.