Este agosto se cumplieron dos años de la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, la cual debería investigar casos de violación de Derechos Humanos desde 1964 a 1982, los 18 años de dictadura militar. La Comisión no entregó informes del avance de su trabajo. Su página web es un collage de noticias externas, fotos posando con ministros, aparte de discursos contra los partidos de oposición porque cuestionan al TSE.

La Ley 879, de 23 de diciembre de 2016, aprobó la existencia de esta instancia para “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos”.

La Comisión debería estar conformada por cinco miembros sin remuneración, elegidos en función de su “acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal”. Acto seguido se posesionó a un grupo de masistas, entre ellos Eusebio Gironda, quien nunca aclaró su rol en el reconocimiento del supuesto hijo de Evo Morales y renunció poco después.

Otros fueron funcionarios del régimen, como Nila Heredia quien además trabaja fuera del país y, por tanto, no se conoce cuál es su aporte real al trabajo investigativo de la Comisión que debería acumular documentos, incluso clasificados en los archivos militares, recoger testimonios, visitar antiguas prisiones políticas o casas de seguridad clandestinas.

La participación indígena se resume a la presencia de un antiguo dirigente campesino que presidió en su momento la comisión de ética del partido de gobierno. El director ejecutivo es otro exfuncionario, defensor de Evo Morales y particularmente de Álvaro García Linera. Por ello, la iniciativa que aparecía como una respuesta a una larga demanda nació con el estigma que acompaña a casi todas las oficinas públicas desde 2006: politización, alienación con el partido, falta de visión técnica.

La Comisión tuvo un par de apariciones ante la opinión pública y, más tarde, silencios prolongados. No está claro su financiamiento y por qué sus funcionarios no realizaron declaración jurada de bienes y rentas como todos los demás servidores públicos, por qué el Banco Central le entrega computadoras (¿?).

Además, la Comisión no realizó acciones de acercamiento a la original Asamblea de Derechos Humanos, a una de las testigos clave como es Amparo Carvajal, tampoco intentó trabajar con miembros de las iglesias que acompañaron en su tiempo a presos políticos y muchas veces fueron las únicas voces de denuncia.

A ello se suma la política chavista del gobierno masista de mimar a los militares con jubilaciones del 100 por cien, donaciones de alimentos, entrega de edificios en zonas residenciales, nombramientos en el exterior y mutuas loas. En 14 años no hubo un solo intento serio de conseguir testimonios o documentación, ni siquiera las listas del personal que estuvo en la Central Obrera Boliviana el 17 de julio o en la calle Harrington el 10 de enero.

El cherry es que merodea por la Comisión, asentada en Sopocachi, un antiguo drogodependiente, delincuente común, barnizado de político (un tiempo como guerrillero, otro tiempo publicando un libro alabando a Víctor Paz) y hasta de poeta, conocido por realizar trabajos sucios para altos capos.

Es obvio que nadie va a entregar ahí pruebas de algo o a contar lo que sabe.

Otra burla típica del MAS, bombos y platillos en el acto de posesión, fracaso en lo demás.