“De aquí debe salir el compromiso, compañeros, de que todas las comunidades que vienen de otro lado, puedan ya hacer (tramitar) su radicatoria aquí en San Miguel, para votar, así vamos a poder recuperar la alcaldía en San Miguel, ese es un compromiso que tienen los hermanos campesinos, hermanos indígenas, hermanas de Juana Azurduy (con el Gobierno) de poder tener la cabeza (el poder político) aquí en San Miguel”, es la declaración del dirigente masista, Roberto Arias. (VIDEO UNO)

Las declaraciones del dirigente se dieron en el mes de marzo en un ampliado realizado por los colonizadores afines al Gobierno en el municipio de San Miguel de Velasco, ubicado en la provincia José Miguel de Velasco.

El representante de los empresarios y productores agropecuarios de ese municipio, Carlos Saucedo, contó a Página Siete que luego de los intentos, que ellos denominan “avasallamientos institucionales de tierras”, que se registraron en marzo en esa zona, se organizaron para “resistir” a los mismos. “Estamos en una lucha desde hace ocho años, para frenar el asentamiento de personas del interior, ellas son escasos recursos, pero son traídas por los movimientos sociales afines al Gobierno”, afirmó Saucedo.

El empresario aseguró que los títulos de los predios que el INRA dotó a los colones afines al MAS, fueron entregados pese a que ya tenían dueños, con documentos o los que estaban en proceso de saneamiento, pero que vivían en esas tierras desde hace varios años. Afirmó que otras tierras fueron entregadas por el Gobierno pese a que son espacios habitados por comunidades indígenas originarias.

SAN MIGUEL

“En algunos municipios como Roberé y San Rafael, los asentamientos de los colonos son sobre reservas (forestales) nacionales y municipales”, señaló. El representante de los empresarios locales recordó que en el mes de marzo el viceministro de tierras, Damián Dorado, entregó 69 resoluciones de asentamientos para 2.500 familias, cantidad que equivalen a 11 mil nuevos pobladores para ese distrito, que según los datos del último Censo de 2012, es la misma cantidad de habitantes originarios en San Miguel.

“Quieren duplicar la población y luego hacer que voten para elegir a alcaldes masistas y consumar el despojo de tierras de los verdaderos habitantes y entregarlas a estas supuestas comunidades”, sostuvo Saucedo.

El representante de los agropecuarios, señala que ante el riesgo de que se duplique el número de habitantes, el primero de abril se realizó un primer congreso en defensa de la tierra, en San Ignacio de Velasco (otro municipio afectado) que resolvió desalojar a esos nuevos colonos. “Pese a eso (en San Miguel) han intentado asentarse con ayuda del Gobierno, pero hemos logrado resistir a esos asentamientos ilegales, prueba de ello, es que en el caso de San Miguel es el único municipio donde no se han generado incendios forestales”, aseveró Saucedo.

Por otro lado, en septiembre, un operativo conjunto entre la Alcaldía y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) paró el desmonte que había avanzado 100 hectáreas dentro de la jurisdicción de las tierras que pertenecen a una comunidad de indígena originaria. En el operativo lograron decomisar dos palas mecánicas valuadas en 100 mil dólares y cuyo alquiler está entre los 700 y 800 dólares. 

“El trabajo con esa maquinaria pesada no es propio de personas de escasos recursos, han logrado desmontar hasta 100 hectáreas dentro de una comunidad originaria. Esa comunidad, hizo todos los papeleos para que le autoricen el uso de suelos y el INRA le ha negado todo. Al contrario, le han puesto una comunidad encima, es decir, hay un abuso total por todos lados”, señaló.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cacho, reportó hoy que en la inspección que realiza una Comisión en los municipios que fueron afectados por los incendios forestales en la Chiquitania, se tiene el dato de más de 1.500 asentamientos ilegales. Camacho señaló que las diferentes reuniones que tuvo con los alcaldes, se les hizo conocer que en el Cabildo de Santa Cruz, el pasado viernes, se determinó el desalojo de los asentamientos ilegales.

Camacho manifestó que hubo predisposición de los alcaldes de cumplir esas disposiciones, además de que se confirmó que esos nuevos asentamientos no son reportados por el INRA y afectan a su presupuesto. Sin embargo, recibió el informe de que las alcaldías dispusieron la atención de algunas de mandas de los colonos, por razones humanitarias, pero que al ser identificados como responsables del daño ambiental, esa ayuda será retirada también.

En esa reunión se le informó que el Cabildo cruceño del pasado viernes instruyó el desalojo de los asentamientos ilegales, medida que fue aceptada por la autoridad municipal.