Los productores de coca de los Yungas le dijeron No a Evo Morales

A comienzos de marzo, comerciantes detallistas de la hoja de coca y militantes del partido de gobierno tomaron por asalto las oficinas de la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) con el objetivo de sustituir a la dirigencia legítima y  por una afín al régimen, como se hizo con otras organizaciones sociales. Al extremo que contaron con el apoyo explícito de un ministro, que en declaraciones a los medios dio por terminado el mandato de los dirigentes; peor aún, contaron con  el apoyo de la Policía, que sirvió de seguridad  de los ilegales ocupantes. La movilización masiva de cientos de hombres y mujeres productores de coca, sus bloqueos, y  vigilia -a pesar de la dura represión policial-  decenas de heridos y detenidos,  tuvo como resultado el repliegue de los operadores del régimen y la devolución de Adepcoca a sus dirigentes legítimos.

Pero vayamos por partes.

Entre las regiones productoras de coca existen profundas asimetrías. El Estado invirtió ingentes recursos en el Chapare, en tanto que olvidó a los Yungas. En la primera región, el Estado invirtó  en  los programas de Desarrollo Alternativo (1990-2005)  más de 1.000 millones de dólares, tanto en pago por erradicación de la hoja de coca, como en  infraestructura, carreteras y luz. Esa brecha se profundizó con el arribo del gobierno de Morales, que entre proyectos, como la fábrica de úrea, caminos y el programa Evo Cumple, invirtió  cerca de 1.500 millones de dólares. En cambio en los Yungas, en todos esos años (1990-2017), los montos invertidos no superan los 50 millones de dólares; mezquindad que hoy en día se refleja de manera dramática en caminos intransitables, plataformas destruidas que aumentan el tiempo de viaje  a Sud Yungas en cinco horas o más horas.

El destino de la producción de la hoja de coca también marca la diferencia. Mientras la hoja de coca del Chapare, un 95 % va al narcotráfico y no pasa por ningún control;   casi la totalidad de la hoja de coca de los Yungas pasa por el mercado legal de Adepcoca, con los controles respectivos del Estado.

A esto se suma la aprobación en 2017 de la Ley de la Coca, que reconoce como legales  7.700 hectáreas para el Chapare y 14.300 para los Yungas, pero aún con esa diferente extensión de cultivos, el volumen  la producción es la misma, pues en el Chapare, por el clima y el uso intensivo de agroquímicos, la productividad se duplica. En resumen, con la nueva ley se legaliza a los productores de coca ilícita y se castiga a los de coca  tradicional; lo que es percibido por los productores de los Yungas como un premio a la ilegalidad.

  A pesar de la discriminación y las brechas entre una y otra región, y el carácter ilegal de los ingresos extraordinarios en el Chapare,   el Gobierno se ha resistido  a  invertir en el desarrollo de los Yungas, ya sea en  programas de construcción y mantenimiento de carreteras o en la provisión de sistemas de agua potable,   líquido vital que en muchos pueblos ya escasea, y lo que ha profundizado las diferencias, que se expresaron  en  la  autonomía política de la región frente al partido de gobierno. 
Por ejemplo,  en  las elecciones municipales  participaron, a través de organizaciones ciudadanas, iniciativas que fueron sistemáticamente debilitadas por  el  poder central. Cooptaron alcaldes de esas agrupaciones a través de la oferta de proyectos con  cheques   girados con recursos del programa Evo Cumple, en su mayoría para elefantes blancos, como canchas o coliseos, que permitían tener jugosas comisiones por el diezmo subido a extremos.

 El último paso de esta guerra de baja intensidad contra los cocaleros de Yungas fue la toma de Adepcoca. Pero esta institución  tiene historia y, como los hechos han demostrado, no iba a ser fácil tomarla, pues las instalaciones fueron construidas en años,  con el esfuerzo de los productores de coca frente a  gobiernos neoliberales, en busca de organizar y ordenar el mercado de la coca tradicional. Ciertamente, como en toda institución, para cubrir los costos de  los servicios que presta se cancela un monto (10 bolivianos) por taque (100 libras de coca). Seguramente el ingreso  anual llega a ser  una suma  muy significativa, pero deben ser los mismos productos los que definan la forma de  control y manejo de ese dinero.

  A diferencia de los ingresos que entran en el trópico de Cochabamba, donde nadie puede saber ni cuánto ni cómo  reciben sus dirigentes y organizaciones, pues  las transacciones se realizan al amparo de la noche y por un producto final,  que además del precio de la coca,  tiene incorporado su valor agregado por su transformación en pasta base de cocaína. 

Estas diferencias  han llevado a los cocaleros a posicionamientos diametralmente opuestos: unos como la guardia pretoriana del régimen y otros en la oposición, sin que exista ningún indicio de que sean de derecha -como le gusta decir a los portavoces del  régimen- simplemente luchan por sus intereses y el Estado de derecho.

Durante años el régimen ha dividido y cooptado a las organizaciones sociales fácilmente. A unas porque venían de la matriz histórica del proceso de cambio, como es el caso de la CSUTCB o de las Bartolinas, donde, además, ha minado por dentro, instalando un prebendalismo galopante, cuya expresión más cruda fue el Fondo Indígena, a través del cual se depositaron extraordinarias  cantidades de recursos en cuentas  personales de  dirigentes que,  recursos que además de servir para las campañas electorales,  fueron a engrosar las fortunas creadas bajo la tutela gubernamental.  

En otras, como el Conamaq o la CIDOB, se acosó a las dirigencias, se las reprimió con una violencia extrema, se los persiguió,  judicializando la política. Finalmente, se compró a dirigentes para montar instituciones funcionales al régimen. Lo último fue con la COB.

En el caso de la toma de Adepcoca, es posible pensar que fueron tres las causas que forzaron al repliegue gubernamental: 

La primera, que estamos frente al agotamiento del ciclo hegemónico masista,  lo que significa que después del 21F  amplios sectores de la población, especialmente urbanos, se han unido en defensa de la democracia, el voto ciudadano, el rechazo a la corrupción  y el  autoritarismo. En ese contexto,  las acciones de provocación desplegadas por el régimen rápidamente adquieren un sentido político; por lo tanto, la acción ilegal y vulneradora de derechos del régimen despierta un creciente rechazo nacional. 

La segunda,  que la intervención del mercado de la hoja de coca, que impidió su circulación y bloqueó su venta, único  ingreso y  medio de vida de miles de familias campesinas que viven en Nor y Sud Yungas, logró  la cohesión y la unidad del sector.

La tercera,  que se mellaron los sentimientos de los yungueños y con esto  afloró el sentido de pertenencia de identidad, durante meses acosada, inclusive con el desprecio del propio Presidente.

Así,  la autoestima amenazada  se convirtió en un poderoso y unificador sentimiento de dignidad, lo que nunca entenderán los burócratas de este gobierno.

El conflicto que estaba en estado latente durante más de dos años, con la intervención gubernamental a la sede y mercado de la coca, se ha convertido en crisis. La lógica militar que significa aniquilar al enemigo se ha puesto en práctica, esta vez con unos operadores limitados, como es el caso del titular de Agricultura. Peor aún,  la única autoridad que mantenía un “sentido común” en todos estos años,  el Ministerio de Gobierno, apareció diluida en medio de la estupidez colectiva  generada por la sobredosis de  poder. 

No otra cosa significa promover la intervención sin conocer la historia de Adepcoca, ni  sopesar el sentimiento del cocalero yungueño. Se utilizó la  violencia extrema, se provocó   decenas de heridos y detenidos, para después devolver Adepcoca  a sus propietarios legítimos. 

Otra y final explicación de este traspié gubernamental es que el caudillo en su decadencia  no tolera la disidencia. No acepta que en su mayoría los cocaleros de los Yungas  dijeron No en el 21F.  Esperaba  el momento para la revancha y entonces  ordenó la intervención de Adepoca.   Esperaba destruir  lo que él califica como el  enemigo, porque  en primer lugar y por encima de todo es el presidente de las Siete Federaciones de Productores de Coca del trópico de Cochabamba. 

Gregorio Lanza   es economista  con maestrías en políticas públicas  y exresponsable de Prevención,  y Atención de Conflictos de la  Defensoría del Pueblo.