Muchos indecisos se añadirán al sector de ciudadanos que tienen decidido votar a favor de alguno de los candidatos para la función de Presidente de la República. Será preponderante el rol de los que pretenden emitir voto en blanco o anulable. Ese sector no es homogéneo porque sus opiniones tienen orígenes diversos.
Uno de los criterios procede de disidentes de la facción política gobernante que no se adherirán a ningún otro candidato. Otro proviene de quienes están en contra del gobernante-candidato, pero consideran que los opositores no explican claramente en qué consistirá su acción de gobierno. Su lema es: en la duda, abstente.
También del ámbito de oposición surgió recientemente un nuevo grupo.  Se basa por una parte en la acción parcializada del órgano electoral, y por otra en los ataques que dos candidatos de la oposición lanzan contra otro que es igualmente opositor. Sostienen que con ello, pese al hecho de estar todos enfrentados al oponente común, ayudan fuertemente a éste. Todos ellos hacen actualmente campaña para inducir a los electores a no votar a favor de nadie o a recurrir a la abstención.    
Esa posición olvida que sin excepción alguna el voto de todo ciudadano debe estar inspirado exclusivamente en apego total a la norma de convivencia democrática establecida en la Constitución Política del Estado.
El actual gobernante ejerció sus funciones al margen de las normas constitucionales. En el próximo futuro, si logra ser reelecto con el apoyo de quienes se niegan a defender el régimen democrático, no tendrá impedimento alguno porque propiamente la Constitución quedará anulada. No es concebible un Estado que se otorgó a sí mismo un conjunto de reglas y que, por decisión de una mayoría de sus miembros, elige un gobierno de carácter totalitario en acto electoral.

El voto en blanco o nulo equivale a salirse de la pista en una carrera destinada a mantener el régimen democrático constituido por tres Poderes del Estado independientes e iguales en jerarquía. El negarse a elegir para la función de Gobierno a alguien que se comprometa a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la Constitución Política del Estado es una obligación ineludible, que hace a los infractores responsables de la desintegración del Estado.