Si se reconoce que la producción del conocimiento es una importante forma de acción y que los laboratorios sociales académicos influyen en las configuraciones sociales, se puede entender el interés de los gobernantes por cooptar intelectuales de manera que, a través de ellos, puedan incidir en los imaginarios instituyentes de la sociedad, reescribiendo la historia y justificando posturas ideológicas y proyectos políticos.

Frente a ello, como académicos, tenemos el desafío de guiar nuestro accionar de manera reflexiva y autónoma, siendo críticos frente a lo instituido y también en relación a nosotros mismos, escapando –diría Castoriadis– “de la servidumbre de la repetición”. Una apuesta importante entonces, es la de ir abriendo, en nuestras conclusiones, espacios para el debate y el (auto) cuestionamiento. 

Traigo a colación estas reflexiones, a raíz de una tendencia registrada en ciertos círculos académicos dedicados a defender al “populismo” como una forma de gobierno que acerca al gobernante con “su” pueblo. Siguiendo a Mouffe y Laclau, se argumenta que el populismo corrige los “déficits de la democracia”, impulsando la participación política de aquellos grupos anteriormente marginados e incrementando las formas de democracia directa; así, el líder populista logra incluir a los excluidos, permitiéndoles ser parte activa y constitutiva de los procesos democráticos. Justifican de este modo, la reelección de un gobernante afin a “un populismo de izquierda”, obviamente contrapuesto al populismo “malo” de derecha.

Abriendo el debate, en un ensayo reflexivo sobre la relación entre populismo y democracia, Castaño (2018) identifica otras dos lecturas sobre el tema. Una que matiza las bondades del populismo reconociendo que, si bien puede impulsar la participación política de sectores marginados, también puede poner en peligro las instituciones liberales, el pluralismo y las regulaciones legales.

 Otra visión mucho más crítica, que ve en este fenómeno una amenaza directa para una “democracia liberal” en la que se combine la soberanía del pueblo “con la existencia de instituciones capaces de proteger los derechos fundamentales ([de los ciudadanos]) defendiendo ([a los individuos de)] una eventual tiranía de la mayoría”; pudiendo generar el deterioro de un sistema judicial independiente y la destrucción de instituciones especializadas en la defensa de derechos humanos (Muller en Castaño 2018). Estos peligros son aún mayores cuando las democracias en las que se implementan los procesos populistas, son débiles y poco consolidadas (Cf. Roni Kuppers 2017). En estos casos, una consecuencia directa es el fortalecimiento de las dirigencias caudillistas y mesiánicas, las cuales, asumiendo la voz de las mayorías, van creando ciudadanos cada vez menos autónomos y más cooptados por una relación clientelar -–casi religiosa–- con aquellos considerados “los padres de la patria”. 

A pocos días de las elecciones, debemos, como académicos, al menos abrir el debate, reflexionando sobre los distintos escenarios y consecuencias de un gobierno populista. Así tal vez podamos aportar a generar actos ciudadanos autónomos y reflexivos (como correspondería a un proceso verdaderamente democrático) en vez de “religiosos” y/o subordinados a las imposiciones de las supuestas mayorías.