La sociedad civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensoras de derechos humanos de Bolivia, denunció ayer ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en áreas protegidas e incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos.
La líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alipaz Cuqui, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en una audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
Alípaz demandó respaldo en la audiencia especial para la sociedad civil de los Estados miembros, que se constituye en la preevaluación de Bolivia a un mes de su Examen Periódico Universidad (EPU) ante la ONU.