El federalismo, principal cambio político planteado por el cabildo del 4 de octubre, se mete en la campaña con mucha tibieza. Pese a la cantidad de gente que se congregó a los pies del Cristo, las fuerzas políticas que tercian por la Presidencia en las elecciones del 20 de octubre reaccionan tímidamente al pedido. Todas se enmarcan en la actual Constitución -Estado plurinacional, unitario, con autonomías- y lo más cercano a escuchar el pedido de la protesta cruceña es la ‘federalización de la autonomía’, planteada por Ortiz.

“No tenemos miedo”

“¿Federalismo? No tenemos miedo a aquello”, respondió Édgar Montaño, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña y diputado del MAS. Para él, la intención el federalismo es controlar la Policía, la justicia y los recursos naturales. No es la primera vez que el MAS dice no temerle al federalismo. De hecho, cuando el pedido resurgió en Potosí, en 2010, tras 19 días de paro cívico, el vicepresidente Álvaro García Linera la calificó como una de las tensiones creativas del proceso de cambio y que se enmarcaba en la descentralización del poder, en la línea de la autonomía. Ayer, Montaño dijo que esperaban una propuesta de los cívicos y que las puertas de la Brigada estaban abiertas.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, no está muy apurado de irse a sentar con los actuales asambleístas nacionales. Ayer aseguró que será con el próximo Gobierno con el que se comience a transitar el camino hacia el federalismo. “Ya no va a estar Evo Morales”, dijo Camacho, que considera que la actual autonomía fue “castrada”.

Para Montaño, Camacho está en busca de la Gobernación, por eso no ha invitado a Rubén Costas a ningún acto y sí lo ha hecho con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Cuando a esa tienda política se le consulta por el pedido federalista, la cautela es la marca de la casa. José Antonio Quiroga, una de sus cabezas políticas, considera que esa apertura a tratar el tema expresado por Montaño es solo una promesa al calor de la campaña, que no se concretará. Ve que la Ley Marco de Autonomías fue un instrumento del Gobierno para recentralizar los recursos públicos y las competencias. “Si ha habido un Gobierno hipercentralista es este, el de Evo Morales. Es una respuesta no sincera, por decir lo menos, la de Montaño”, aseguró.

Para Comunidad Ciudadana, lo que se debe hacer es avanzar con un nuevo pacto fiscal y la construcción de un nuevo marco legal para que las autonomías puedan avanzar. Según la ley actual, los pactos fiscales se construyen luego de conocerse los datos de un nuevo censo nacional. El último fue en 2012 y se hacen cada 10 años, por lo que habría que esperar hasta 2022 para el siguiente.

Para Quiroga, es muy difícil pasar al federalismo sin haber experimentado el funcionamiento real de las autonomías. Plantea debatir el tema en la Asamblea Legislativa y aclara que se necesitaría incluso una nueva Constituyente.

En una entrevista con EL DEBER, Víctor Hugo Cárdenas, postulante de UCS, aclaró que Bolivia no estaba lista para el salto federal, porque aún falta una identidad nacional fuerte. Ve regionalismos fuertes, pero no así una identidad nacional ni partidos políticos estructurados que puedan soportar un régimen federal en el país.

Federalización

Para Vladimir Peña, vocero de la alianza Bolivia Dice No, las conclusiones del cabildo son un refuerzo a las propuestas de Óscar Ortiz. Recuerda que, en el ‘contrato con Bolivia’ firmado por Ortiz, se comprometió a invertir un 10% del PIB en salud ($us 4.400 millones), que fueron la única fuerza que realmente suspendió su campaña durante los incendios en la Chiquitania y que hace dos años denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el irrespeto al 21-F. “Somos la única fuerza que ha puesto en su programa el tema de federalizar las autonomías, no es un término nuevo para nosotros. Como Demócratas, lo planteamos el 15 de diciembre de 2017”, dijo Peña.

Asegura que este término fue uno de los motivos para que no se concrete una alianza entre Demócratas y Carlos Mesa y se basa en un nuevo pacto fiscal y competencias en seguridad ciudadana, educación y salud, sin romper la continuidad del Estado.