Resalta, en los días previos a la elección, la insistencia de las afirmaciones gubernamentales acerca de que el nacimiento, prolongación y concurrencia de conflictos y protestas sería parte de la ultimísima conspiración derechista para aplacar el brillo de su gestión y el esplendor de su próximo triunfo electoral con el 70% de los votos.

Esta reacción oficial es manifestación de su arraigado vicio que les impide reconocer que, honesta y genuinamente, sus decisiones, cada vez más abusivas, desviadas del bien colectivo y sometidas al cálculo más estrecho, hastían y promueven la rebeldía social.

Cerca ya de los tres lustros de ejercer el poder, sus administradores han olvidado que ellos surgieron como un gobierno hijo de la indignación contra sus predecesores. La ira que desplegaron en cuanto se posesionaron de sus puestos de mando se fusionaba, en un inicio, con las broncas populares y pudo aparentar, durante algún tiempo, no ser más que ánimo de reparación y justicia. Hoy, ya no más.

El alejamiento profundo entre quienes controlan el Estado y aquellos a los que dicen representar, desnuda que la crispación y la amargura de los dirigentes políticos que encabezan las instituciones del Estado, tiene orígenes, sentido y objetivos completamente alejados de sus electores y de la mayoría de su base social.

La indiferencia y la premeditada crueldad con que el Gobierno ha respondido a acontecimientos como la incineración de enormes reservas naturales y territorios indígenas, vuelve a desnudar que la ira gobernante, inseparable de la codicia y chatura de sus planes, es la fuente verdadera del malestar e insatisfacción que se ha aposentado en nuestra sociedad. 

La roñosa asignación de recursos para afrontar el mayor desastre que conoce el país, negándose a reconocerlo como tal, mientras la campaña electoral oficialista derrocha recursos y apresta los preparativos y movilización para apropiarse de las tierras devastadas, son la prueba irrefutable de ello.

Es así, aunque quieren presentar las cosas al revés, sugiriendo, o afirmando abiertamente, que la rebeldía y la protesta son postizas y maliciosas.

La gran quema de la Chiquitania, la Amazonía, el Chaco, y el Pantanal es consonante y funcional con los continuos reproches del vice contra lo que él llama los “guardabosques proimperialistas”, y el presidente “los malos bolivianos”, que seríamos los que nos oponemos al desarrollismo capitalista (extractivismo) de su régimen.  Lo que realmente les molesta es como sus planes para desboscar 13 millones de hectáreas, neocolonizarlas, integrándolas subrepticiamente al mercado de tierras con elevadas ganancias para sus personeros, adherentes y aliados, ya no puede seguir disfrazándose de “desarrollo”.

Ese es el pilar uno de su plan de gobierno, para resolver la caída de ingresos por hidrocarburos y sustituirlos con el ilusorio aporte de exportaciones agroganaderas y fabricación de combustibles, a partir de oleaginosas. El otro, son las “grandes obras” de miles de millones de dólares, con sus correspondientes ganancias para la burocracia que encarga o elabora estudios, administra y otorga licencias ambientales, sin prestar ninguna atención a la naturaleza, porque la tienen toda concentrada en su capitalización de ganancias monetarias y de poder.

La permanente ira del Gobierno proviene de sus mecanismos internos de toma de decisiones, que se funda en la humillación de sus miembros y jura continua lealtad con su ficha electoral, a cambio de los beneficios que así logran. El malestar que esto les provoca, la dificultad de justificarse y tolerarse a sí mismos, lo transfieren en su continuo afán de aplastar y humillar a quienes no entran en su juego.

Hoy, esa rabia interna se incrementa y revuelve porque alcanza a captar, defectuosamente, que la indignación social que promueven sus acciones está estropeando el plan de presentar una reelección creíble. Las imputaciones oficiales contra la movilización y la rebeldía social son producto de la mezcla de ira y miedo a que se geste una situación que no les deje más remedio que irse.