El cabildo  decidió dar un plazo de cinco días calendario     para la abrogación de la Ley 741 y el Decreto  3973, “por ser inconstitucionales y atentatorios a nuestros bosques”.  En caso de incumplimiento del plazo se decidió que se  procederá “a desconocer dichas normas” en toda Santa Cruz. 

Esa reunión también resolvió “impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, ejecutado por el INRA, que no cumplieron los requisitos establecidos por ley”. 

“Damos un plazo al INRA hasta el día lunes 7 de octubre a las 12:00  del día para que haga el desalojo de los asentamientos ilegales, caso contrario se procederá a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este cabildo”, indicó Camacho.

El dirigente cívico afirmó que con estas determinaciones recuperaron el control de sus tierras, acabaron con  la ocupación con fines electorales y el tráfico de tierras. “Se deben respetar las competencias de las instancias subnacionales. No vamos a permitir que el centralismo tome decisiones sobre la planificación de nuestros municipios. Son los gobiernos autónomos los que deben decidir sobre sus territorios”, afirmó. 

 Entre las consultas que planteó Camacho a los asistentes también estuvo la de “declaratoria ciudadana” de desastre nacional por los incendios de la Chiquitania, la cual fue aprobada por la multitud. 

“¿Están de acuerdo con realizar ante el mundo una Declaratoria Ciudadana de Desastre Nacional y asumir el compromiso cada uno de nosotros, ciudadanos e instituciones de gestionar por nuestros propios medios toda la ayuda internacional?”, fue la pregunta planteada. 

En la cita, la activista Alejandra Serrate consultó a los asistentes: “¿Juran por su patria y su fe, rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio dictatorial e ilegal, conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera”. En la multitud se escuchó “sí juramos”.

Al respecto, Camacho indicó: “Es nuestro derecho y eso no es sedición. Es soberanía, es valentía, y eso aquí nos sobra a los cruceños”.

 El dirigente cívico  indicó que se resolvió ir a las urnas  para hacer un “voto castigo” contra Morales. “Hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron, ir a las urnas con la consigna de voto castigo a Evo Morales. En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones. Escojamos entre los habilitados, afirmó.

  
Otra resolución del cabildo cruceño fue  la de trabajar por  el federalismo. “¿Están dispuestos a que el 4 de octubre sea el punto de partida para empezar a trabajar por nuestro sueño federalista, bajo la equidad, la unidad, y sobre todo el amor por Santa Cruz y Bolivia”, preguntó el  cívico. 

 
 Tras la respuesta afirmativa de los asistentes, Camacho afirmó que “tienen” su compromiso personal al respecto. 

En el cabildo cruceño, según los cívicos, se reunieron más de un millón de personas. Camacho aseguró que en la cita no hubo “intereses políticos”, en alusión a lo que indicaron desde el oficialismo en sentido de que el encuentro  tenía un afán político, dado que de ella saldrían, supuestamente, candidatos para las subnacionales. “No hay acarreo, no vinimos a lanzar candidatos, vinimos a tomar decisiones por nuestro pueblo”, afirmó Camacho.
  
   Carlos Saucedo, presidente de los pequeños productores de San Miguel de Velasco, afirmó “nos están dejando sin tierra”. “Estamos de luto, pero más unidos y más fuertes que nunca”, aseguró el dirigente.

  Alfredo Arandia,  bombero voluntario,  lamentó que  las autoridades nunca hicieron nada por ellos. “La Chiquitania nunca más se va a tocar”, aseguró.  A la cita también asistió Ronny Justiniano, cívico de  Velasco, quien dio lectura del pliego de la X marcha indígena que  dirige. Uno de los puntos que dio lectura  fue la exigencia de la declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales.  

Entre las personalidades que asistieron a la cita  estuvo  Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien afirmó “no vamos a permitir que nos roben nuestra democracia”, y, además invitó a los asistentes al cabildo que se llevará adelante el 10 de octubre en urbe paceña. 

MAS observa ausencia del TSE en el cabildo

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, observó la ausencia de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el cabildo cruceño. Sin desconocer la expresión ciudadana, la asambleísta indicó que las resoluciones no tendrían un efecto vinculante. 

 “Existe una cuestionante de fondo, un cabildo para tener un efecto vinculante debe contar con la presencia de las instancias electorales, esto no aconteció, por tanto no tiene un efecto vinculante. No se cumplieron los pasos que determina la ley electoral”, afirmó Salvatierra,  en una entrevista en la Red Uno.

 “No entró en el detalle de validez, no corresponde menospreciar la opinión ciudadana. Es una expresión de carácter democrático, hay una posición de una parte de las personas, de parte del presidente del Comité Cívico. Más allá de si se cumple o no la norma, es una expresión de carácter ciudadano”, agregó.

Por su parte,  el diputado oficialista Franklin Flores anunció que hoy los militantes del Movimiento Al Socialismo también se reunirán en una movilización proselitista en la región cruceña.  “La concentración de las personas que participaremos a las cuatro  de la tarde será más masiva. Estoy seguro  que tendremos más convocatoria que ellos”, aseguró el legislador.

    
Las  determinaciones 

• Voto castigo  Luis Fernando Camacho afirmó: “Hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron, ir a las urnas con la consigna de voto castigo a Evo Morales”. 
•   Federalismo  Tras hacer la consulta de rigor, Camacho se comprometió a trabajar por ese “sueño”. 
•  Normas  El cabildo  decidió dar un plazo de cinco días      para la abrogación de la Ley 741 y el Decreto  3973, “por ser inconstitucionales y atentatorios a nuestros bosques”.
• Plazo    Ese encuentro  también resolvió “impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, ejecutado por el INRA, que no cumplieron los requisitos establecidos por ley”.