La proximidad de las elecciones generales en el país, fijadas para el domingo 20 de octubre, es un motivo especial que da amplio margen a una serie de opiniones y de reflexiones que la ciudadanía se viene formulando con toda razón, pues el proceso tiene que ver con la posibilidad de realizar cambios sustanciales en el régimen de gobierno de manera que haya sido posible sustituir el continuismo sectario – encubridor de autoritarismos - por una saludable alternabilidad democrática en el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, hacer efectivo el derecho fundamental de sufragio cuyo valor universal es indiscutible, como lo reconocen instrumentos  internacionales. Así, el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos lo proclama expresamente: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Por tanto, siendo un derecho inherente a la persona, el Estado asume la obligación de protegerlo, por diferentes medios y procedimientos.

En los hechos, lamentablemente, se ha dado una situación contraria en el país, es decir que es el propio Estado a través de sus organismos jurisdiccionales el que ha desconocido tales prerrogativas ciudadanas, al extremo de conculcar derechos fundamentales acudiendo para ello nada menos que al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en penosa actitud de sometimiento al Ejecutivo, desconoció el veredicto popular (21F), veredicto cuyos términos ya son de conocimiento público. Parece oportuno reiterar – por otra parte – el hecho de que faltando pocos días para efectuarse las elecciones generales en el país, se pretenda legalizar una repostulación contraria a la Ley Fundamental, por lo mismo carente de valor legal, político y ético, pues ello significaría, dentro del marco constitucional, una participación sin valor legal alguno, de manera que si por circunstancias especiales y fuera de toda lógica, resultare favorecida esa postulación tendrá que someterse a un justificado cuestionamiento por su falta de legalidad y legitimidad.

Esto nos lleva a pensar, como a gran parte de la ciudadanía, que en las elecciones del 20 de octubre habrá una candidatura oficial (gubernamental), al margen de la Constitución y, peor aún, contrariando la voluntad popular cuya decisión – como ninguna otra – es irrevisable. Tal antecedente permite concluir en que la candidatura oficial, desde su inicio, resulta cuestionable porque emerge de una abierta violación a derechos fundamentales.