La segunda decisión del cabildo fue exigir al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la reversión de asentamientos ilegales en la Chiquitania y frenar la dotación de tierras fiscales saneadas. Incluso se fijó para hoy lunes como ultimátum, en caso contrario será la misma ciudadanía que desaloje a la gente afincada en estas tierras.

Aunque el sábado, el viceministro de Tierras, Juan Carlos León, anunció que si hubiera asentamientos ilegales en el bosque chiquitano, coadyuvaría en la expulsión de los colonizadores ilegales, ayer el diputado Édgar Montaño (MAS) sostuvo que echar a familias, que supuestamente se asentaron de manera ilegal en la zona donde el fuego destruyó casi tres millones de hectáreas desde julio, no será fácil porque se necesitará órdenes de jueces, fiscales y de policías para sacarlos.

“Si se acata la decisión, nos va a llevar a los cruceños a enfrentamientos y habrá que decirlo no estamos de acuerdo”, afirmó Montaño que es legislador cruceño.

Sobre el desalojamiento de colonizadores ilegales, el expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, advirtió que el tiempo es “corto” para su cumplimiento. “Lo que hay que hacer es ver cómo se avanzará en los diferentes temas y los diferentes plazos que se han dado; creo que para este lunes 7 de octubre (la expulsión) lo hallo un poco corto, y se deberá trabajar muy de cerca entre el Comité (pro Santa Cruz)  y el Gobierno”, manifestó.

El también empresario cruceño dijo que la anulación de la Ley 741 y del DS 3973, que autorizan desmontes y quemas, deben ser analizadas antes de tomar una decisión porque “no queremos que se confunda que el sector productivo hace las quemas”,  y propuso no “retroceder  en lo que significa mayor producción en ganadería”. Dijo que se debería seguir con los desmontes, pero con mecanismos “más amigables” y la educación.

MAS quiere debatir federalismo

El sábado, los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Óscar Ortiz dijeron que  no se debe tener miedo a un debate sobre el federalismo. El diputado Montaño se sumó a la propuesta pero sugirió que el debate sea extendido a los nueve departamentos y que en consenso se diga si hay aspectos positivos o negativos para las regiones. “Como MAS vamos a discutir el federalismo, vamos a socializar este tema con los estudiosos, que ellos nos digan si hay beneficios para Bolivia”, añadió.

Montaño afirmó que al Gobierno no le preocupa el conjunto de las decisiones del cabildo, pero advirtió que los cívicos cruceños dejaron la consigna de defensa del 21F por el voto castigo contra el binomio oficialista en los comicios.

Preocupa la desobediencia

El analista político, Carlos Cordero, dijo que si bien las decisiones emanaron de una concentración multitudinaria, fruto del empoderamiento ciudadano, sin embargo expresó su preocupación por la propuesta de rebeldía ante un cuarto mandato del binomio oficialista si hubiera fraude en las elecciones generales. “Si se convoca a rebeldía, estamos cerca de la desobediencia  civil, de la ruptura del orden democrático y eso es lo que preocupa”, dijo. 

Explicó que una rebeldía significa enfrentamiento entre Gobierno y la sociedad civil y en eso el Ejecutivo tendría razones para acudir al uso de la fuerza legal para hacer frente a la violencia. 

Cordero cree que el Gobierno no se manifestará sobre las decisiones del cabildo cruceño por estrategia política, pues en la recta final de la campaña electoral no le conviene contradecir a la multitudinaria asistencia cruceña al cabildo porque le restaría votos.

 Dijo que es raro que antecedan cabildos antes de las elecciones, la que se realizó en Santa Cruz y la que se realizará en La Paz.
 

Ministro afirma que se cuestiona el “modelo productivo cruceño”

 En el Gobierno se admitió que las decisiones del cabildo cruceño, entre ellas la anulación de leyes que autorizan el desmonte y quema de bosques para la ampliación de la frontera agrícola, interpelan al “modelo productivo cruceño” y no al Gobierno, y la propuesta de país federalista amerita una “evaluación colectiva”.

Entre las demandas del cabildo cruceño está la anulación en cinco días de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973, que autorizan desmontes y chaqueos en la Chiquitania. También da un plazo al INRA hasta hoy a mediodía para el desalojo de asentamientos ilegales de colonizadores.

“El cabildo nos está planteando algunos temas estructurales. Se está interpelando, ojo, no al Gobierno, sino al modelo productivo cruceño. Nosotros tenemos que reflexionar en torno a esos pronunciamientos. Probablemente esa evaluación será de manera colectiva entre nosotros, y luego con otros sectores. Porque si se está poniendo en cuestión el modelo productivo cruceño, habrá que evaluarlo con los actores protagónicos del modelo productivo cruceño. Si hay voces que observan determinados aspectos, tendremos que evaluarlo”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según reporte de El Deber.

Quieren  inhabilitar a Evo y Álvaro por el 21F

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una demanda de inhabilitación de los candidatos del MAS Evo Morales y Álvaro García Linera por efecto del Art. 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

El documento fue presentado el 4 de octubre en las oficinas del TSE en La Paz, en cumplimiento del artículo 209 de la Ley 026 de Régimen Electoral, que dispone que las demandas de inhabilitación deban ser presentadas 15 días antes de la elección.

Gonzales fundamenta que el artículo 168 de la CEP establece que el período de mandato es de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua y que el mismo fue ratificado por el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se le negó a Evo y Álvaro una nueva reelección.

Recuerda que Evo y Álvaro ya cumplieron el segundo mandato para las elecciones de 2009 y que en flagrante violación a la CPE, fueron habilitados para ese año y luego los volvieron a rehabilitar para el 2014 y tras la derrota en el 21F del 2016, el MAS acudió al Tribunal Constitucional  donde los magistrados “en clara incompetencia y usurpación de funciones, emitieron una sentencia” que habilita al binomio oficialista.

Gonzales explica que el TCP emitió una sentencia interpretando que dentro de los derechos políticos se encuentran el derecho humano a ser elegido, una visión que “peca de parcializada y poco objetiva porque del artículo 196 de la CPE dice que en “la función interpretativa de la Constitución, el TCP debe aplicar como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. (Erbol)