Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 11 de noviembre de 2017
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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El desfalco o malversación implica que uno o más individuos se apropian indebidamente de dinero que se les ha sido confiado en razón de un cargo. Es un tipo de fraude o corrupción financiera. Puede referirse a caudales privados (entre un empleado y su patrón o entre socios de la misma empresa), como públicos (llamado detrimento patrimonial). En conclusión, el “desfalco” está catalogado como un acto de “corrupción”. Que los gobernantes, sus acólitos y algunos operadores de la comunicación pública quieran camuflar esos términos, es un engaño a la sociedad.
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Alejandro Mallea
Durante 12 años los gobernantes, sus acólitos y algunos de la comunicación especulan sobre la dimensión de los corruptos y la corrupción. Al respecto del escandaloso caso del Banco de la Unión, el ex Ministro de Economía ha catalogado el desfalco como de “mínima cuantía”. No olvidemos que ese banco es administrado desde el Palacio de Gobierno, por lo cual el directorio y sus ejecutivos son nombrados por el Presidente del Estado. No hace mucho el segundo mandatario, refiriéndose a la malversación de los fondos campesino – indígenas dijo: “se trata de una mini corrupción”. Tampoco olvidemos el despilfarro de dinero del programa “Bolivia Cambia, Evo cumple”, en abierta corrupción de gente que no tiene educación básica y con el fin de alimentar el narcisismo de quienes nos gobiernan. También figuran miles de contratos, adquisiciones, sobornos… ejecutados en YPFB, Aduana, ABC, los órganos Legislativo, Ejecutivo y otras instituciones del gobierno.
De esta manera podemos recordar varios casos de corrupción y corruptos, de dinero del pueblo malversado por operadores ineficientes, que trabajan en los cuadros del actual gobierno. El lunes 7 del presente mes, el señor García Linera dijo: “A partir del 2019, tenemos asegurados 10 años más de crecimiento sostenible”, supongo que se trata del crecimiento de la corrupción, que garantizará la angurria del dúo gobernante para perpetuarse en la plaza Murillo.
Desde 2010 a la fecha, la prensa brasileña, CNN de USA, El País de España, Wall Street Jornal y otros medios de comunicación en resumen manifiestan que Bolivia bajo la presidencia de Morales se está convirtiendo en un estado inundado de dinero de la droga. La prensa boliviana también argumenta que los centros de la producción de cocaína están creciendo “como hongos”, y que los productores de la coca son campesinos “nuevos ricos” que gastan su dinero mal habido en viajes sospechosos, sin controles migratorios, autos de lujo, fiestas y casas opulentas. Y no se trata solo de la prensa, el expresidente Quiroga acusó recientemente a las federaciones de cocaleros asentadas en el Chapare y Yungas, y por extensión a S.E, de proteger la producción de cocaína.
En noviembre de 2016, la revista inglesa InSight Crime – Centro de investigación del Crimen Organizado, expresó que al Crimen Organizado Transnacional (COT) le gusta tener oportunidades y que no se le oponga resistencia. Actualmente Bolivia ofrece ambas cosas y se encuentra en el centro de una nueva dinámica delictiva que amenaza la seguridad nacional y ciudadana. No olvidemos que el Estado Plurinacional está muy cerca del que actualmente es el segundo consumidor de droga ilegal del mundo, Brasil. Limita además con el principal productor de cocaína en el mundo, Perú, y con el mayor productor de marihuana sudamericana, Paraguay. En la actualidad los mercados domésticos de Argentina y Chile están presentando un crecimiento significativo en consumo de cocaína. En Bolivia resaltan los nombres Chapare, Ichilo, Yapacaní, Cobija, el altiplano boliviano y otros como potenciales centros para el narcotráfico.
Se sabe también que grandes narcotraficantes, en especial los colombianos, prefieren residir en Santa Cruz y Pando por el auge económico en el que se hallan, debido a los ilícitos cometidos con relativa facilidad y sesgado control de altas esferas del gobierno plurinacional. Esto no solo acelera el proceso de corrupción de las instituciones militares, policiales y judiciales, sino que muy probablemente ellos buscarán consolidar sus influencias en la arena política gobernante. El pueblo sabe que el narcotráfico en nuestro territorio es “más grande que el mar”.
Cuanto más tiempo los gobernantes bolivianos sigan socapando la producción y trasbordo de cocaína, mayor será la probabilidad de que grupos del crimen organizado boliviano evolucionen, hasta convertirse en organizaciones transnacionales sofisticadas.
A mi entender y lo sabe el pueblo, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional tiene importancia para los gobernantes bolivianos solo por los réditos que ser puede obtener con ella. El dinero recaudado será invertido en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral, en la compra de conciencias y votos para satisfacer la angurria de los gobernantes por perpetuarse en el poder.
El autor es docente universitario.
