El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, que producto de los incendios provocados en la Chiquitanía y la Amazonía, por políticas de expansión de la frontera agrícola, al menos, siete pueblos indígenas fueron afectadas.

“Los pueblos indígenas más afectados por los incendios en Bolivia son los Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como es el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego”, señala el informe entregado a la CIDH.

En el marco del 173 periodo de sesiones, desarrollado entre el 23 de septiembre al 2 de octubre, la abogada Fátima Monasterio del CEJIS/Unitas, denunció la situación incendios ambientales y el estado de situación de la población indígena.

“Coincidente con los espacios de vida indígena, hay áreas protegidas nacionales que presentan altos índices de afectación. Según los datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) al 15 de septiembre, San Matías presentaba una superficie quemada de 568.609 hectáreas, y Otuquis una superficie de 294.345 ha afectadas. A nivel subnacional el área protegida Ñembi Guasu mostraba 381.567 hectáreas de afectación”, indicó.

Detalló que al menos 38.204 indígenas resultaron afectados como efecto de los incendios forestales, así como 285 comunidades de los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Precisamente, el presidente Evo Morales, promulgó el decreto supremo 3973 el 9 de julio, un mes antes que se descontrolarán los incendios forestales en la Chiquitanía.

Con la norma se dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de vocación forestal permanente.

El Cejis indicó que resulta ilustrativo el informe de la Autoridad de Bosques y Tierras, que señala que la planificación nacional al 2020 impulsa la modificación del cambio de la cobertura boscosa para campos de cultivo y ganadería, por lo tanto, la habilitación de tierras con desalojo de la cobertura arbórea.

“De esa forma, la principal entidad nacional de bosques destaca que la tendencia de incremento de la deforestación legal se ha debido a la implementación de políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016-2020 y la Agenda Patriótica (2025) con relación al incremento progresivo de 3.5 millones de hectáreas a 4.7 millones de hectáreas productivas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en el país”, señaló la jurista.