Estamos a 16 días de las elecciones generales, pero la atención ciudadana está concentrada en las “travesuras” del TSE, aceptación de candidaturas ilegales (± candidatos ± electores, etcétera). Lamentablemente temas importantes, como la política energética del país, han sido ignorados. Veamos cómo estamos.

Ha concluido el contrato de exportación más importante que ha tenido el país en toda su historia. El aprovisionamiento de gas natural a Brasil (GSA). Lo que no se sabe con exactitud es en qué fecha de este año concluye. Según el contrato oficial y públicamente conocido, sería el 1 de julio. Según declaraciones del Ministerio de Hidrocarburos, de acá a tres años. Según la prensa brasileña, será el 31 de diciembre del presente año. 

Para añadir a la confusión, según el Ministerio de Hidrocarburos, habiéndose contratado las reservas del país, falta por entregar más o menos 1 TCF. Además indica que Petrobras (PB) está recogiendo gas que había pagado pero no recibido. La venta de reservas de gas del país no es legal, además equivaldría a que PB está recibiendo gratuitamente volúmenes de gas. 

Eso no es posible, el contrato era un take or pay y si pagó por el gas que no recogió, incurrió en falla en el contrato, así como nos multó  con  130 millones de dólares por no haber entregado volúmenes acordados.

La fisonomía del mercado brasileño está cambiando. PB ha sido retirada de la  comercialización de gas a consumidores finales. PB manifiesta tener una producción mayor a la demanda proveniente de los pozos en el PreSal, a más de  200 kilómetros de la costa en aguas profundas, lo que hace pensar que difícilmente es competitivo en precio con nuestro gas. Por tanto, Brasil tendría que importar gas boliviano para el Matto Grosso, por donde pasa el gasoducto Bolivia – Brasil. 

Los anuncios de producción de gas de PB parecen estar más dirigidos a que nosotros rebajemos nuestro precio del gas de exportación, para así abastecer a Matto Grosso del Sur con mayores volúmenes a menor precio.

Por otro lado, por la aceptación de una adenda hemos modificado volúmenes y precios del contrato que teníamos con Argentina, y se nos anuncia que gracias a la producción de su área de Vaca Muerta estiman que dejarán de importar gas boliviano dentro de un par de años.

Perú está dispuesto a ser socio en la exportación de gas boliviano cuando el gas natural peruano haya llegado a Ilo y podamos, conjuntamente, instalar una planta de GNL.

Chile, ahora más que  nunca,  ha dejado de ser posible mercado del gas boliviano por un tiempo indeterminado.

Asimismo, YPFB indica que insistirá en la apertura de nuevos mercados para el gas. Informa que ha formalizado la venta de gas con Acron por 2 MMm3/d por 20 años, a partir de 2024. También señala que dentro de un par de años habrá internacionalizado la venta de gas en Matto Grosso, asociado con una empresa brasileña.

En resumen, con la conclusión del GSA hemos quedado como un país con reservas de hidrocarburos muy menguadas. Energéticamente, con 50% para consumo interno y 50% para exportación.

Adicionalmente, desde hace 15 años, los resultados de exploración de hidrocarburos por parte de YPFB han sido totalmente negativos. Liderados por los casi 8.000 metros de profundidad que tuvo el pozo Boyuy X2 de Repsol, desde hace más de un año se están perforando pozos exploratorios por las compañías contratistas, sin tener resultados hasta la fecha. Esos pozos son profundos y muy caros. 

En las condiciones actuales es más aconsejable que esos pozos sean perforados por capital extranjero y no por fondos de YPFB.  Esto requerirá serios ajustes a la CPE, a la Ley 3058 y otros.

Esos resultados exploratorios son muy preocupantes porque parecerían indicar que después de 90 años, con más de 1.700 pozos, en el área tradicional ya son muy escasas las ubicaciones donde encontrar nuevos campos, haciéndose necesario el descubrir nuevas comarcas petroleras en otras zonas del país.

Finalmente, aunque el Gobierno no informa regularmente sobre las reservas de gas, a esta fecha deberíamos tener entre 7 y 8 TCF de gas probados. Esto nos alcanzaría para el mercado interno por cerca a 20 años, pero no justifica  hacer grandes inversiones en petroquímica con los licuables que se obtienen de la producción de gas.

Si en esta época pre-electoral hubieran ocurrido debates oportunos sobre la situación de YPFB, estaría muy clara la necesidad de una nueva política energética a ser implantada por los nuevos gobernantes.

Como unos comentarios a la nueva política energética, se debe tomar nota de que ésta abarcará todas las formas de energía en un solo despacho ministerial. Así los hidrocarburos no serán preponderantes y las energías no convencionales tendrán la misma importancia. 

Lo fundamental es que somos parte del Acuerdo de París para evitar el calentamiento del planeta y los cambios climáticos inesperados. Los convenios arribados en el Acuerdo de París servirán para la nueva política energética, que además de las estipulaciones técnicas implicará cambios en la Constitución Política del Estado y otras leyes en el país.

El diseñar y poner en efecto la nueva política energética del país son las tareas que surgirán y deben ser ejecutadas por los elegidos en las urnas de la próxima elección de octubre.