Cuando el MAS asumió el poder, en enero de 2006, la economía boliviana estaba en muy buena situación. En 2005 el PIB creció un 4,4%. El déficit público representaba 2,2% del PIB. La balanza de pagos mostraba un superávit equivalente al 6,5% del PIB, y las Reservas Internacionales Netas alcanzaban a 4.105 millones de dólares. Los acuerdos de exportación de gas a Brasil y Argentina estaban vigentes.

En los siguientes ocho años la economía boliviana experimentó una increíble bonanza. Gracias a un impresionante aumento en los precios internacionales de hidrocarburos y minerales, las exportaciones subieron de 4.088 millones de dólares, en 2006, a 2.899 millones de dólares en 2014.  Los ingresos reales del gobierno general a precios de 1990 aumentaron de 10.369 millones de bolivianos a 17.693 millones.  

Esta bonanza permitió al Gobierno conceder generosos aumentos salariales e incrementar sus gastos para impulsar el crecimiento del PIB. Como resultado, el IPC subió a un promedio anual del 6,7%, muy superior a la inflación dólar de sus socios comerciales. Utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria permitió a la población disfrutar de sostenidos incrementos en sus ingresos reales. 

Al subir los salarios en bolivianos y al sostener un tipo de cambio fijo, el poder de compra de la población aumentó considerablemente. Este fue el principal efecto percibido por la población. Por supuesto, todos los asalariados se sintieron ampliamente satisfechos.

El precio a pagar fue una sobrevaluación cambiaria real efectiva del 45%, con sus nefastos efectos sobre la competitividad de la producción nacional. La sobrevaluación redujo la rentabilidad de las exportaciones y alentó importaciones que pudieron ser producidas en Bolivia. Y eso, por supuesto, mermó el crecimiento del PIB. En este escenario, el PIB creció a un promedio del 5,1% anual, crecimiento que no puede calificarse de extraordinario dada semejante bonanza externa. 

El mayor acierto en este período fue la acumulación de Reservas Internacionales Netas en el Banco Central, de 3.184 millones de dólares, en 2006,  a 15.084 millones, en 2014, acumulación que contribuyó a aminorar la presión inflacionaria y actuó como un fondo estabilizador.

¿Cuál fue el aporte del MAS a esta bonanza? El fuerte incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos y minerales no puede ser atribuido al gobierno del MAS. El único aporte del MAS a esa bonanza fue introducir un impuesto adicional a las exportaciones de gas natural en 2006. Ese impuesto llegó a representar hasta un tercio del aumento en los ingresos del Gobierno general en 2012, lo cual, obviamente, mejoró las finanzas públicas.

A partir de 2015 la bonanza se esfumó. Las exportaciones disminuyeron a 8.737 millones de dólares. Y se han mantenido cerca a ese nivel desde entonces. La caída en los términos de intercambio significó una pérdida real de 7,3% en el Ingreso Interno. La primera reacción del Gobierno fue justificable.   Incurrir en un fuerte déficit para sostener la demanda agregada, a la espera de verificar si la baja en los precios externos fuera temporal.

Cuatro años después, no se vislumbra un retorno a precios externos como los de 2006-2014. Financiar el consumo nacional contrayendo deuda y agotando las reservas es injustificable. El cuento de que se utilizan los recursos externos para financiar inversiones sólo lo sostienen los economistas del Gobierno. Un gasto sólo puede calificarse como inversión si redunda en utilidades anuales promedio de por lo menos 12%. (esta es la tasa de descuento usada por el propio gobierno). Ninguna de las llamadas “inversiones” del gobierno satisface este criterio. 

Se trata mayormente de gastos corrientes encubiertos, de los cuales no puede esperarse un repunte de producción. Estamos consumiendo nuestro futuro, viviendo de los créditos, financiando la corrupción. Es una bomba de tiempo, la cual, cuantos más años sigamos este camino, estallará con mayor violencia.

Walter Gómez D’Angelo es PhD en economía y matemáticas