El rechazo de la institución se justifica por la gran cantidad de trámites de revocatorio que comenzaron desde 2017. El presidente de la FAM, Álvaro Ruiz, informó que la dirigencia municipal diseña una ley que permita “condicionar” o “frenar” de modo riguroso el proceso de revocatorio, cuyo trámite se resuelve en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

“Sí, estamos trabajando en eso (en una ley), de pronto lo único que nos queda es hablar y ejemplificar que esta situación es una pérdida de tiempo y un gasto de dinero porque cualquier referéndum revocatorio tiene que ser cubierto con recursos económicos de los municipios y, como todos saben, en estos dos últimos años los recursos se han reducido, lo que genera una desaceleración económica”, afirmó Ruiz.

Otro argumento de la FAM es el perjuicio a la gestión pública local que provoca un plebiscito de remoción de cargo. Ruiz considera que un eventual cambio de autoridad municipal no otorga condiciones para la gobernanza, porque a lo sumo la gestión se prolongaría hasta doce meses, antes de que se realice nuevas elecciones subnacionales en 2020.

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