Es curioso que en plena efervescencia electoral, prácticamente ningún candidato hable de un asunto cada vez más vital, sobre todo para ese millón de votantes nuevos que han entrado en el padrón electoral y que, o han terminado sus estudios y se han dado de bruces con el mercado laboral, o lo harán en pocos años.

Todos los datos en este sentido tienen doble interpretación, cuando no una clara manipulación. El país ha crecido y por ende, la contratación legal, es decir, el número de aportantes a las AFP, también. Pero en la misma proporción o más ha crecido el número de informales, pues el porcentaje de aportantes (2,3 millones) sigue siendo bajísimo en comparación, por ejemplo, al padrón electoral que ya supera los 7 millones de ciudadanos.

El problema del empleo se siente sobre todo en la población joven, que tras años de estudio no acaba de encontrar un lugar donde empezar a ganar la experiencia requerida. Peor en sectores profesionales. Si en algún momento en Bolivia se contrató de forma más o menos extensiva, porque el ítem de mano de obra era minúsculo, en la actualidad, cualquier emprendimiento privado se lo piensa muy mucho a la hora de ampliar su plantilla.

El “temor” al doble aguinaldo; los incrementos salariales por encima de la realidad de la industria nacional; las cargas de salud; y otros ítems o medidas que aparecen en los contratos estables, han acabado desincentivando la contratación formal y activando otro tipo de mecanismos que, a su vez, generan precariedad laboral.

Por lo general, el salario ofrecido en Tarija apenas supera el salario mínimo fijado por el Gobierno, algo impensable hace unos años, y la mayoría no cuenta con las prestaciones debidas. No se trata de oficios en la construcción o en el transporte, se trata ya de trabajos en el sector servicios que no cumplen con las normativas.

La situación no es mejor en el sector público. Más bien todo lo contrario, el Estado, que exige y obliga al sector privado a cumplir con las rigideces del sistema, su contrato único, etc., ha inventado todo tipo de variaciones para no cumplir con lo mínimo. Desde la obsoleta Ley del Funcionario Público hasta la figura del “consultor en línea”, aberración en toda regla y que permite a los gestores de la cosa pública seguir manejando a su antojo al personal y privilegiando el compadrerío a la capacidad. Lo importante es, siempre, hacer campaña y llenar los actos del líder de turno. Y nada más.

La empresa privada ha empezado a desarrollar sistemas parecidos, con consultores y trabajadores independientes que trabajan en exclusiva, que asumen la precariedad de pagarse su salud y ahorrar para el futuro, pero los riesgos siguen siendo altos para la empresa que así opere.

Con todo, el asunto del empleo no parece ser un asunto importante para los candidatos, que apenas versan unas frases hechas y calculadas para quedar bien con todos sin enfrentar la matriz de los problemas. Bolivia necesita más respuestas.