Desde inicios de año, hubo una ola de despidos en el TSE, además que en junio pasado se denunció un presunto acarreo de electores de Beni hacia Pando a través de un registro irregular, descubierto por vecinos de Riberalta y que no fue totalmente aclarado. Simplemente se eliminó del padrón a los “votantes ilegales”.

En aquella oportunidad, se vieron seriamente comprometidos funcionarios del Tribunal Departamental del Beni. La oposición pidió la renuncia de todos los vocales del TSE; pero esta apelación no tuvo resultados, a pesar de las movilizaciones y advertencias que incluso trascendieron nuestras fronteras.

Los dos fuerzas opositoras mayores (con más cantidad de seguidores según intenciones de voto), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN) mostraron constante preocupación por la posibilidad de parcialización del Órgano Electoral con el MAS.

“No tenemos un TSE confiable creíble e imparcial que realmente garantice la transparencia de la votación”, declaró el candidato de BDN, Óscar Ortiz.

También se puso en duda el crecimiento del número de votantes: el padrón de bolivianos habilitados para sufragar en el extranjero pasó de 256.991 en 2016 a 341.001 para las elecciones generales del 20 de octubre. El Servicio de Registro Cívico (Sereci) atribuye ese crecimiento, de 31 por ciento, al mayor interés que existe entre los residentes nacionales en 33 países frente a la elección de la máxima autoridad nacional.

El registro consolidado llega a 7’315.364 votantes habilitados y 32.852 inhabilitados, tanto dentro, como fuera del país.

Se registraron muchos reclamos por parte de la población respecto a ese padrón electoral, por ejemplo, durante las excusas de jurados, una de las interesadas que hacía fila señaló que su hermana estaba designada en la zona Sur, pero esta residía hace tres años en el exterior. En Rurrenabaque del departamento del Beni se presentaron dos reclamos contundentes, Carolina Hinojosa falleció el 2011 y René Aquino Mendoza en septiembre del presente año y ambos difuntos fueron designados como jurados.

A partir de las anomalías, plataformas ciudadanas anunciaron movilizaciones para este mes, se anunció un cabildo para el próximo 4 de octubre en Santa Cruz y la misma medida, además de paro nacional, se efectuará el 10 en todo el país, según afirmaron integrantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y cívicos.

Ayer, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) advirtió paro indefinido por el problema del litio.

Para el diputado del MAS, David Ramos, estas medidas apuntan a “boicotear” y “sabotear” los comicios generales del 20 de octubre.

“(Quieren) evitar que el pueblo ejercite ese derecho democrático, le van a querer privar con este anuncio de boicot, de sabotaje a este proceso democrático; sin embargo, va estar por encima de estas acciones antidemocráticas”, dijo a la agencia estatal Abi.