Generalmente los ciclos políticos no han durado más de 20 años en la historia boliviana. Por otro lado, la nueva tendencia en la política global muestra que cada vez cuesta más mantenerse en el poder que conquistarlo. Las sociedades tienden a fragmentarse, en vez de encontrarse para la construcción de consensos y de relatos dominantes. Es por ese motivo que son ahora más raros en el mundo los casos de gobernantes que llegan al poder con triunfos arrolladores como ocurría antes y, menos aún, con niveles de apoyo aplastantes cuando ejercen el poder. En cambio, algunos gobiernos que lo consiguieron por la vía democrática renuncian a ella cuando se desgastan o cuando surge la posibilidad de que dejen de gobernar.

En Bolivia se lo ha visto con el rumbo que tomó el veredicto ciudadano del 21-F y estamos a la puerta de una elección competitiva en la que el voto dirimirá si Morales sigue o deja el poder. Independientemente del resultado, después del 21-O es posible que se abra un ciclo de turbulencias políticas más fuertes y de intranquilidad social, lo que puede afectar la estabilidad económica o posponer necesarias medidas para enfrentar la desaceleración, el aumento del déficit fiscal, la caída de las reservas internacionales del BCB y el incremento de la deuda externa.

Frente a la necesidad del bien mayor, que es la estabilidad y el crecimiento económico dentro de un sistema democrático, necesitamos de políticos y gobernantes muy responsables que, después e independientemente de los resultados electorales, procuren que sean más los vencedores que los vencidos y que no se replique el tradicional revanchismo ni la persecución.

A quien gobierne después del 20-O le tocará actuar sobre la economía y sólo lo conseguirá hacer en un contexto de acuerdos y de relativa calma. El llamado ajuste fiscal no podrá esperar mucho tiempo, si se pretende mantener la estabilidad y el crecimiento. Los economistas muestran los siguientes caminos para conseguirlo: Achicamiento del gasto estatal, ajuste del tipo de cambio, que implica una devaluación, nuevos o más elevados impuestos, mayor endeudamiento o, finalmente una reducción de la inversión pública. Cualquiera de las decisiones pueden tener un alto costo político. De ahí la duda de si el que asuma el poder en enero de 2020 se atreverá a hacerlo. Semejante incertidumbre no deberá durar, especialmente si se pretender devolver la confianza a los inversionistas privados y a los ciudadanos en general. Sólo un Gobierno que consiga pactos y sobre el que no existan dudas sobre su legalidad y legitimidad estará en condiciones de salir airoso de un ciclo que anticipa complejos retos y dificultades. Los futuros acuerdos en el plano político y económico son los mayores desafíos. Una crisis es una posibilidad, aunque los verdaderos estadistas y los líderes son los que convierten las crisis en oportunidades.

 Tuffí Aré es periodista